Explicó que “debería dejar fuera de ordenación urbana esa industria, para que no pueda tener actividad en el futuro ni poder establecerse una nueva licencia de actividad”. “Estaríamos hablando de una especie de suelo rústico”, dijo Quintana en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

A su juicio, “lo que no tendría sentido es que luego la empresa hiciera el negocio del año con una empresa que está activada y se abandona”. Indicó que “hay que dar un mensaje de contundencia de que estas cosas no se pueden hacer”, defendió “establecer un calendario” de negociación y señaló “no hay que adelantarse a posibles acuerdos, pero si no es así, si se cierra Fuenlabrada, el Ayuntamiento, y creo que también la Comunidad, debería intentar que esa planta no tuviese actividad, que no se haga negocio a cuenta de un montón de familias a las que se manda al paro”.

El portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, dijo, respecto a la propuesta del PSM, que “las administraciones se tienen que comportar de acuerdo con las normas” y destacó que “no se puede utilizar el Estado de Derecho para presionar”, ya que “si una empresa tiene una actividad, pues la tiene”.

Preguntado si Coca-Cola debería devolver las subvenciones y ayudas recibidas, dijo que “si están condicionadas a un tiempo de permanencia e incumplen, se deberán devolver, pero si no están condicionadas, no se puede exigir la devolución”.

Sobre este mismo asunto, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, indicó que está “completamente injustificado” el ERE de una empresa que “gana mucho dinero” y pidió que todas las partes implicadas se sienten a negociar.

Finalmente, la diputada de IU Eulalia Vaquero manifestó que “estamos preparando una batería de iniciativas sobre el cierre” de la planta de Fuenlabrada y dijo que es “un ejemplo de por dónde pueden ir las cosas en la Comunidad”.