La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva, de 20 de junio de 2013, recoge la creación del Tribunal Administrativo del Deporte, que asume las funciones que hasta ahora desarrollan el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) y la Junta de Garantías Electorales.

Sáenz de Santamaría subrayó que el nuevo Tribunal es “un órgano colegiado, de ámbito estatal y adscrito al Consejo Superior de Deportes, pero tiene que hacer sus funciones con absoluta independencia”.

El Tribunal Administrativo del Deporte tiene entre sus funciones resolver en vía administrativa, es decir, antes de acudir a los juzgados, las cuestiones disciplinarias deportivas relacionadas con el dopaje.

Además, puede tramitar y resolver expedientes disciplinarios tanto en última instancia administrativa como a requerimiento del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) o de su equipo directivo. “Se trata de infracciones muy graves a las reglas del juego, de competición o a las normas deportivas generales”, apuntó Sáenz de Santamaría.

También se encargará de velar por la limpieza de los procesos electorales de los órganos de gobierno de las federaciones deportivas españolas, tarea que realizaba hasta ahora realiza la Junta de Garantías Electorales.

SIN GASTO AÑADIDO

El Tribunal constará de siete miembros “con plena garantía de su independencia e inamovilidad” que, “en el ejercicio de sus funciones, no podrán recibir ni instrucción ni orden alguna de ninguna autoridad ni de ninguna otra persona”, según Sáenz de Santamaría.

Los miembros son designados por el CSD de entre cuerpos docentes universitarios (profesores o catedráticos de universidad), magistrados o fiscales excedentes, funcionarios de carrera en activo de los cuerpos o escalas superiores y abogados en ejercicio con más de 15 años de actividad, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado con el deporte.

Sáenz de Santamaría recalcó que el presidente será nombrado por el presidente del CSD a propuesta de los miembros del Tribunal y el secretario, de entre funcionarios de carrera pertenecientes a escalas superiores, licenciados en derecho o graduados en derecho. La duración del mandato de los miembros del tribunal será de seis años y no podrán ser reelegidos.

“Además, de acomodarse a las reglas de la reforma de las administraciones públicas de ir reduciendo órganos e ir fortaleciendo órganos superiores, la puesta en marcha de este Tribunal no supone un incremento de gasto, ya que nace de la gestión de los anteriores y cuenta, además, con el apoyo de los medios técnicos, personales y presupuestarios del Consejo Superior de Deportes”, concluyó.