Según informó la Policía, en el marco de esta operación se ha detenido a 60 personas por defraudar a la Seguridad Social y al Servicio de Empleo Público más de cuatro millones de euros. La red llegó a dar de alta en sus empresas ficticias a 3.059 personas.

Los arrestados son de 17 diferentes nacionalidades, principalmente pakistaníes e indios. Además se ha intervenido abundante documentación, como escrituras notariales, certificados de empresa y contratos de trabajo, así como diversos elementos empleados en las falsificaciones.

La trama desmantelada, que funcionaba en Barcelona y la zona del Besós, se dedicada a la simulación de contratos de trabajo para poder acceder a prestaciones y subsidios. Además, esta documentación ayudaba a extranjeros a regularizar su situación en España.

INICIO DE LAS PESQUISAS

La red contra la que se ha actuado daba de alta masivamente a extranjeros extracomunitarios empleando documentos falsificados, previo pago de hasta 8.000 euros.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron un falso contrato de trabajo durante la tramitación de un permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario, como pareja de hecho, entre una ciudadana alemana y un ciudadano de Ghana.

Los agentes averiguaron que los responsables y captadores de la trama ofrecían en locutorios y otros lugares de reunión social contratos de trabajo fraudulentos a extranjeros extracomunitarios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros.

La finalidad era darse de alta en la Seguridad Social y así adquirir los derechos para percibir prestaciones sociales y subsidios por desempleo, además de regularizar su situación administrativa en España.

257 COBRARON EL PARO

Tras realizar numerosas pesquisas, los agentes identificaron y detuvieron a los nueve responsables de la organización y procedieron al registro de dos locutorios en Badalona y Santa Coloma de Gramanet, además de un domicilio en la capital catalana.

Indagaciones posteriores constataron que la red habría creado hasta 95 empresas ficticias de servicios desde el año 2008 con administradores como testaferros a cambio de una cierta cantidad de dinero. De esta manera dieron de alta fraudulentamente a 3.059 extranjeros extracomunitarios a partir de contratos de trabajo falsos, de las que, al menos, 257 han llegado a cobrar el subsidio por desempleo.

El perjuicio económico causado al erario público supera los 4.000.000 de euros por impagos de cuotas a la Seguridad Social, fraude del IVA y percepciones fraudulentas de subsidios y prestaciones sociales. Asimismo, se han constatado estafas a operadoras de telefonía móvil, financieras y entidades bancarias consecuencia de la utilización de documentaciones falsificadas en las aperturas de cuentas corrientes, solicitud de créditos al consumo y adquisición de terminales de última generación.

En la mayoría de los casos, los detenidos presentaban los contratos y otros documentos falsificados con el fin de obtener el permiso de residencia por arraigo social o laboral, o bien como familiar de ciudadano comunitario argumentando un vínculo marital que resultaba ser de complacencia.