Los datos de este estudio, comisionado por el Consorcio Europeo de Fundaciones por los Derechos Humanos y Discapacidad, liderado por Fundación ONCE, fueron analizados en el contexto de las VI Jornadas de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia (Fekoor).

La encargada de presentar el informe fue Beatriz de Miguel, técnico del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, que apuntó que la crisis económica ha tenido un mayor impacto en el nivel de vida de las personas con discapacidad en comparación con la población en general, en la que el riesgo de caer en la pobreza “desciende hasta el 14,9%”.

El estudio señala que los cambios sociales y macroeconómicos resultado de la crisis, unido a los impactos producidos por las medidas de austeridad en las personas con discapacidad, tienen el potencial de interferir en el desarrollo de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Europea de Discapacidad y los objetivos globales de la Estrategia Europa 2020 relacionados con el empleo, la educación, la pobreza y la exclusión social.

Según explicó Beatriz de Miguel, el informe muestra que las personas con discapacidad están percibiendo “desproporcionadamente” los impactos de la crisis económica, “por ejemplo en lo que se refiere al empleo y los niveles de pobreza”. Y advirtió que, aunque los instrumentos políticos y legales en respuesta a la Convención han experimentado un significativo desarrollo, “es de vital importancia su aplicación efectiva para garantizar que no se vean afectados los derechos civiles, políticos, sociales y económicos fundamentales de las personas con discapacidad”.

VI JORNADAS DE FEKOOR

Bajo el lema ‘Juicio a las políticas de austeridad’, las VI Jornadas de Fekoor expusieron el impacto de estas medidas en los derechos de las personas con discapacidad, en un acto inaugurado por el director de la entidad, Juan Carlos Sola; el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Íñigo Pombo; el director de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Diputación Foral de Vizcaya, Sergio Murillo, y el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo Maíz.

La ponencia marco corrió a cargo del Defensor del Pueblo (Ararteko) del País Vasco, Íñigo Lamarca, que explicó en su intervención que las declaraciones que apuntan que el Estado de bienestar no es sostenible “no son ciertas”. “En Euskadi se ha aumentado el gasto social”, dijo, por lo que, en opinión de Lamarca, “es una cuestión de ideología y de valores de humanismo”.

El problema, argumentó el Ararteko, es que los derechos constitucionales “no son exigibles en juicio”. Sin embargo, “sí que hacen responsables a los poderes públicos”, concluyó.