Con esta limitación se pretende evitar que se hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los padres ceden el cuidado de sus hijos a las administraciones públicas 'sine die'. Por ello, se considerará que existe desamparo cuando, transcurridos los dos años los padres o responsables legales no quieran hacerse cargo del menor. Nunca se considerará que existe desamparo por la situación económica de los padres o los tutores.

Esta es una de las medidas contenidas en la reforma del marco jurídico de protección de la infancia que ultima el departamento que dirije Mato y que se llevará a cabo a través de dos anteproyectos de ley en colaboración con el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y las ONG dedicadas a la infancia. Esta revisión conllevará la modificación de diversos artículos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Código Civil, Ley de Adopción Internacional y Ley de Enjuiciamento Civil.

En España hay 14.000 niños viviendo en residencias mientras esperan una familia, pero el acogimiento familiar como los procesos de adopción, tanto nacional como internacional, son lentos. A finales de 2012, según Servicios Sociales, eran más de 10.000 las familias con expedientes abiertos esperando un niño. Esta situación es la que ha llevado a Mato a impulsar "una reforma urgente y profunda del marco jurídico de protección de la infancia en ese ámbito".

También se facilitará la gestión administrativa del acogimiento familiar sin que sea necesaria la intervención judicial y se regulará por primera vez el estatuto del acogedor familiar, es decir, el conjunto de derechos y deberes de los acogedores familiares.

Respecto a la adopción, las familias que hayan 'devuelto' un niño adoptado no podrán optar a una nueva adopción.