Así lo declaró este jueves a Servimedia su portavoz en la Comisión de Educación, Ramón Alturo, quien señaló que todas las leyes educativas que ha habido hasta la fecha han contado con un calendario de cinco años de aplicación.

De hecho, el propio ministro ya anunció en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado que estaba dispuesto a negociar con las autonomías un nuevo calendario de aplicación de la ley, subrayó Alturo, tras recalcar que “dos años es muy precipitado”.

“Veremos a ver si tal voluntad de diálogo va a alguna parte y si el PP presenta alguna enmienda en este sentido, ya que hasta el momento no ha habido intención de llegar a ningún acuerdo por su parte”, declaró Alturo.

“No es solo por cuestiones de financiación”, prosiguió, sino por la necesidad de aprobar los reglamentos de desarrollo y que los centros tengan tiempo para aplicar los nuevos currículos.

Además, la propuesta de CiU reclamará que “se respete el derecho de los alumnos” a continuar en el sistema en el que se matricularon al comenzar su escolarización.

ENMIENDA DE TOTALIDAD

Alturo agregó que su grupo presentará alrededor de un centenar de enmiendas a la Lomce, entre las que habrá de nuevo una de devolución, ya que “atenta contra el sistema educativo catalán” y no mejora la calidad de la enseñanza.

Asimismo, CiU defenderá varias propuestas contra la división de competencias entre Ministerio y comunidades que recoge esta ley, pues “este era un punto consensuado que ahora se rompe” para recentralizar competencias en el Estado.

Otro aspecto que enmendará su grupo es el que se refiere al reconocimiento del castellano como lengua vehicular en la enseñanza de todo el estado. En opinión de Alturo, la Lomce “sitúa al catalán en inferioridad respecto al castellano, al no considerarlo asignatura troncal”. “Quiere acabar con la inmersión lingüística, que ha sido un ejemplo de éxito y que garantiza la cohesión social”, subrayó.

Por último, Alturo avanzó que exigirán que se elimine la obligación de que la Generalitat sufrague la escolarización en centros privados de los alumnos que quieran ser escolarizados en castellano (y no encuentren plaza en la red pública o concertada), pues “invade nuestras competencias”.