Por este motivo, los consejeros de los 17 gobiernos regionales y sus homólogos de Ceuta y Melilla acudieron al debate, en el que también participa el ministro del ramo, José Ignacio Wert.

En declaraciones a la prensa, los cinco consejeros expresaron además su intención de que si la Lomce llega a aprobarse en su redacción actual, intentarán limitar al máximo la aplicación de dicha norma en sus respectivos territorios.

La consejera catalana, Irene Rigau, reiteró que su gobierno llevará la nueva norma ante el Constitucional, puesto que “va contra el Estatut y altera el modelo lingüístico de Cataluña”.

La Lomce “no considera el catalán asignatura troncal", sustituye el sistema de “competencias compartidas” por el de “competencias repartidas”, y propone "un cambio general del sistema para atender casos particulares que a nuestro juicio no tienen razón de ser”, puesto que el Tribunal Constitucional ha avalado “nuestro sistema de inmersión”, subrayó.

La consejera del País Vasco, Cristina Uriarte, destacó por su parte que su Comunidad tratará de impedir la aplicación de la Lomce, aunque precisó que esperarán a que la ley se apruebe de forma definitiva y a “tener un texto” para decidir si la recurren ante el Constitucional.

Más decidida se mostró su homóloga asturiana, Ana González, quien afirmó que “si el proyecto se convierte en ley, Asturias la recurrirá”, puesto que es su obligación “velar por el bienestar de los alumnos y alumnas del Principado".

El consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez, indicó a su vez que harán todo lo posible por “amortiguar los efectos perniciosos” de la lomce, que a su juicio presenta “varios aspectos contrarios a la Constitución”, idea que también expresó el responsable andaluz de enseñanza, Luciano Alonso.