El debate comenzó con diez enmiendas pero en el último momento el PNV anunció un principio de acuerdo con el Gobierno para incorporar disposiciones adicionales con las que preservar el régimen foral y la consecuente retirada de su enmienda de totalidad.

Finalmente todas las enmiendas fueron rechazadas con 136 votos a favor, 178 en contra y una abstención, y también se rechazó la petición de algunos grupos para avocar el proyecto a pleno, es decir, para que en su momento la última palabra del Congreso la tenga el pleno, y no la comisión correspondiente.

Después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendiera el proyecto, el socialista Gaspar Zarrías subió a la tribuna para explicar la enmienda del PSOE.

Denunció que el Gobierno “ha renunciado” a resolver los problemas que arrastran los ayuntamientos y, de hecho, han generado “muchos más” que afectarán directamente a los ciudadanos que cada día se dirigen a ellos.

Zarrías acusó al Gobierno de perder una oportunidad para responder de verdad a las carencias de los municipios y subrayó que incluso “la mayoría silenciosa” de alcaldes del PP están reclamando la retirada del proyecto, igual que el ejecutivo de Castilla y León, que lo considera “un atropello brutal” contra las comunidades autónomas.

Reprochó a Montoro que haya dado un “capotazo” a los aspectos conflictivos, dejando pese a ello elementos de inconstitucionalidad en los que el PSOE basará su recurso.

Una de las consecuencias de la reforma, en su opinión, es que el mapa de competencias locales variará en función de la comunidad de la que se trate, y expresó su temor a que el criterio sea “el color o las simpatías” de cada gobierno regional.

Las modificaciones durante la gestación del proyecto, concluyó, “huelen a cortina de humo para tapar una tropelía” que era, además, “una torpeza política, un error económico y una barbaridad jurídica” porque en la práctica se despojará de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son la inmensa mayoría, para privatizar los servicios.

Carles Páramo, de CiU, argumentó que el Gobierno no puede hacer una reforma de tal calado sin la concurrencia efectiva de las federaciones y asociaciones de ayuntamientos, no solo estatales sino de cada territorio.

La portavoz de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, se mostró convencida de que el Gobierno pretende “poner a la venta” servicios municipales y regresar “al caciquismo y al elitismo” en la representación política más cercana a los ciudadanos.

Después de que Montoro anunciara una nueva ley de financiación local, la portavoz expresó sus dudas y alertó de que solo una mayor participación de los ayuntamientos en los tributos, hasta igualarlos con la mayoría de los europeos, tendría validez.

En nombre de UPyD, Rosa Díez criticó que las diputaciones tengan un 13% más de presupuesto desde que gobierna el PP mientras se recortaba “absolutamente todo”, y sentenció que el Gobierno las refuerza aún más con esta ley no porque presten mejores servicios, sino porque “ahí está el chiringuito”.

Pese a que el PNV había anunciado previamente la retirada de su enmienda, Pedro Azpiazu utilizó su turno para explicar los motivos por los que en su día la presentaron, sobre todo por entender que el proyecto “no respeta” el régimen local de Euskadi y los derechos históricos amparados en la Constitución.

Por ello, concluyó otorgando “un margen de confianza al Gobierno” para que el acuerdo permita plasmar ese respeto en el texto final de la ley, al final del trámite parlamentario.

También presentaron enmiendas ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur. Aunque no presentó enmienda, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, respaldó las de otros grupos y pidió al Gobierno que, si se trata de reducir el déficit público de los municipios, “resuelva lo de Madrid y deje tranquilos a los otros 7.998 ayuntamientos”.

Juan José Matarí respondió en nombre del PP asegurando que se ha escuchado “a todo el mundo, y a ustedes también mientras ustedes han querido”, dijo al PSOE.

Matarí esgrimió datos del ayuntamiento de Vigo, regido por el socialista Abel Caballero, y de la Junta de Andalucía para intentar desmontar las acusaciones del PSOE, lo cual llevó a una confrontación con turno por alusiones con Zarrías.