A través de esta iniciativa, el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes destinarán un 1,5% del presupuesto dedicado a nueva obra pública a: trabajos de conservación y restauración, proyectos y actuaciones de I+D+i aplicadas al patrimonio histórico, proyectos de fomento y difusión de la arquitectura y el patrimonio español, así como a la adquisición de bienes culturales, exposiciones y publicaciones, entre otras actuaciones.

El acuerdo rubricado introduce como criterio a la hora de priorizar los proyectos, por parte de la Comisión Mixta formada por ambos Ministerios, que se tenga en cuenta el efecto en la dinamización económica y la creación de empleo, según informó hoy Fomento en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca en el VI Acuerdo de Colaboración entre ambos Ministerios en materia de actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español y se extenderá hasta diciembre de 2016, fecha tras la cual se elaborará un balance de resultados para, si se estima conveniente, proponer los términos de su continuación.

370 MILLONES

Desde que en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español se introdujera la obligación de aportar a la conservación y enriquecimiento de este Patrimonio una cantidad de, al menos, un 1% del presupuesto de las obras públicas financiadas por el Estado, se ha desarrollado una importante colaboración entre ambos Ministerios a través de sucesivos acuerdos que han permitido la realización de 623 actuaciones, con una inversión de 370 millones de euros, lo que ha tenido una gran incidencia sobre la recuperación y mejora de nuestro Patrimonio Histórico.

Con la firma de este acuerdo, se ha establecido por ambos departamentos que las ayudas que se concedan a estos fines se gestionarán con un estricto seguimiento de principios de transparencia y publicidad. Para ello, y una vez realizadas las modificaciones reglamentarias necesarias, se procederá a realizar en breve una convocatoria pública, fijándose los criterios por los que se valorarán las solicitudes que se reciban.

En dicha convocatoria podrán concurrir los ayuntamientos, comunidades Autónomas u otras instituciones que presenten proyectos de actuación sobre bienes calificados como de interés cultural o que tengan un nivel de protección equivalente.