De hecho, la secretaria de Estado Educación, Montserrat Gomendio, entregó hoy dicho informe al grupo de rectores del Consejo de Universidades (creado para analizar dicha reforma) tras reunirse con ellos en sede ministerial.

Este dictamen fue encargado después de que dos de los expertos incluyesen sendas adendas en la propuesta presentada en marzo, indicando que algunos aspectos del documento podrían ser inconstitucionales.

El primero de ellos se refería a la unificación de la Junta de Gobierno y del Consejo Social en un único órgano de dirección, compuesto por representantes de la comunidad académica y de la sociedad civil.

Según el ministerio, este dictamen “manifiesta que, en principio, eso no tiene que ser anticonstitucional, siempre que quede garantizada la autonomía de la parte académica de la Universidad”. Ello se consigue “con la normativa pertinente regulatoria, que por ejemplo garantice que la parte académica no sea minoritaria”, añade.

La segunda razón de la posible inconstitucionalidad de la propuesta derivaba de la doble vía (funcionarial y laboral) del Personal Docente e Investigador, que “podría atentar contra la libertad de cátedra”. De acuerdo con Educación, el dictamen señala que la objeción expresada por dicha adenda “en absoluto” tiene motivo.