Así, propone soluciones normativas a los problemas derivados de la sucesión de empresas y contratas en que interviene un Centro Especial de Empleo (CEE); al mismo tiempo que plantea mejorar el régimen de bonificación en las cuotas (con una reducción del 100% de la cuota) para personas con discapacidad en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para incentivar “de forma reforzada” del autoempleo.

En cuanto al Programa de Renta Activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo -que exige que para ser beneficiario debe haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y asistencial- el Cermi pide que las personas con discapacidad queden excluidas a la hora de acreditar que han agotado estas prestaciones de desempleo.

Asimismo, reclama mejorar el régimen de compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo mediante el aumento de sus ingresos por trabajo, que se permiten compatibilizar con el percibo de la pensión de invalidez no contributiva; y la supresión del plazo de los 4 años actuales en que se permite la compatibilidad, quedando indefinido.

En esta línea, también pide introducir el principio de renta personal del beneficiario en las pensiones no contributivas de invalidez; reforzar el cumplimiento de la obligación de mantener la cuota de empleo del 2%, vinculándola a la contratación pública; o establecer un plan de choque para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades en el mercado laboral, a través de los CEE de iniciativa social.

Además, el Cermi pide al Gobierno que apruebe en un plazo de un mes una serie de medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida; así como que se incorpore de forma efectiva la reserva de adjudicación de contratos a favor de los CEE en el sector público.

A su vez, insta también al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses un plan para garantizar la participación institucional del movimiento asociativo de la discapacidad en los órganos de la Administración General del Estado que se ocupen de temas de interés para este sector.

Y, por último, en relación a las condiciones de trabajo, el Cermi pide que se reconozca a los trabajadores con discapacidad o a los trabajadores que tengan a su cuidado directo una persona con discapacidad, su derecho a la adaptación de la jornada, horario y turnos de trabajo cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con su discapacidad; así como su derecho a reducción de jornada, a la excedencia (no superior a tres años) o a la movilidad por razón de discapacidad en el sector público.