A su juicio, “la prioridad debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema de salud regional, único objetivo del proceso de externalización de seis hospitales” emprendido por la Comunidad de Madrid.

Afirmó que “el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante el problema que supone la bajada en un 40% de los ingresos públicos, debe hacer reformas que permitan ahorrar y asegurar los servicios, algo que es más importante que los intereses corporativos de cualquier colectivo de empleados públicos”.

“No solo estamos convencidos de la legalidad de este proceso sino que estamos seguros que la justicia va a dar la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid en un proceso tan vital y transparente”, añadió antes de mostrar todo su apoyo al Ejecutivo regional, que ya ha anunciado la presentación de un oficio y un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el auto.

Asimismo, dijo que “no es serio” que un juez emita un auto “plagado de juicios de valor y consideraciones políticas” y defendió la “legitimidad del Gobierno, apoyado por la Asamblea de Madrid, para cambiar el modelo de gestión de los citados hospitales”.

“La división de poderes es sagrada”, indicó Henríquez de Luna, quien afirmó que “la Ley General de Sanidad, aprobada con el voto favorable del PSOE, permite la gestión con fórmulas de colaboración entre el sector publico".

“La Comunidad de Madrid no ha inventado nada, este modelo de gestión ya existe en España y en Europa así como en tres hospitales públicos madrileños, el primero funciona desde el año 2007 en Valdemoro y ningún paciente ni ningún juez ha puesto en duda la calidad de su servicio, la presunta irreversibilidad de los servicios ni el ahorro que genera”, añadió.

Por último, Henríquez de Luna animó al secretario general del PSM, Tomás Gómez, a “ser coherente para que, del mismo modo que pide la salida de las empresas adjudicatarias de los hospitales, exija también la retirada de todas las empresa que gestionan servicios públicos en administraciones gobernadas por el PSM y la cancelación de todos esos contratos firmados con las empresas concesionarias”.