En la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, Soria señaló que el 1 de agosto se presentará este recurso ante la comisión correspondiente de asuntos relativos de este Tribunal europeo pero que no se solicitarán medidas cautelares por petición del sector naval.

Soria indicó que se acordó que no se pedirían estas medidas cautelares “por lo que podrían entorpecer, en opinión del sector, a la gestión de la devolución de las ayudas que finalmente resulten”.

Además, según el ministro, todas sus informaciones apuntaban a que “nunca el Tribunal de Justicia ha admitido medidas cautelares en relación a un recursos que sea interpuesto”.

El ministro reiteró que este recurso a la decisión de Competencia por la que les obliga a devolver las ayudas fiscales recibidas entre 2007 y 2011, se acordó entre el Gobierno y las partes afectadas, como son las comunidades autónomas afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias), sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal Pymar.

Señaló que los argumentos jurídicos que manejan son “sólidos” y que “todos los países en el mundo que tienen un sector de construcción naval arbitran sistemas de ayudas de ese sector para que sea más competitivo”.

El ministro de Industria recordó que estas ayudas comenzaron en 2002 y que la investigación de la Comisión que acaba de concluir reclamando su devolución comenzó en junio de 2011. “A partir de ese momento no se encarga ningún barco” en España, agregó.

Esta tardanza, para Soria, demuestra que la Comisión ha tenido una “actitud dubitativa” y que ha permitido que se apliquen estas medidas a lo largo de estos últimos diez años.

Soria alertó que esta decisión “va en contra” de la apuesta por la reindustrialización de la Unión Europea porque trae consigo deslocalización de la industria europea hacia países asiáticos.

En la misma línea se posicionó el portavoz del PSOE, el diputado José Blanco, quien denunció que esta decisión es un “contrasentido que alimenta desconfianza a la Comisión”. Además, el ex ministro de Fomento dijo que la decisión adoptada por la Comisión Europea pone “en riesgo” puestos de trabajo del sector en un momento en el que se están buscando medidas que fomente el trabajo.

Blanco aseguró que los competidores asiáticos en el sector naval están “frotándose las manos” porque esta medida impide que el sector naval español sea competitivo.