Según informó la Policía, entre los arrestados hay empresarios y trabajadores, principalmente relacionados con la comarca del Baix Empordà.

La trama se dedicaba a constituir empresas ficticias que simulaban contratos de trabajo previo pago de una cantidad estipulada. La contratación fraudulenta permitía a los interesados acumular los periodos de carencia mínimos para acceder a prestaciones y subsidios, así como regularizar la situación administrativa.

Paralelamente, la documentación era utilizada para regularizar la situación administrativa de los extranjeros. La investigación se ha desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La operación policial se inició a mediados del año 2012 con la detección, por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Gerona, de una serie de empresas que no presentaban actividad económica pero sí un intenso movimiento de trabajadores entre ellas.

ENTRE 400 Y 2.000 EUROS

El seguimiento de las empresas y los trabajadores permitió a los investigadores seguir el rastro de la trama hasta localizar al presunto responsable, un empresario residente en la Bisbal d’Empordà. Directa o indirectamente, este arrestado habría dado de alta a más de 160 trabajadores en la Seguridad social de forma fraudulenta.

Los interesados, la mayoría de origen magrebí, abonaban entre 400 y 2.000 euros dependiendo si precisaban un informe de vida laboral ficticio o un contrato de trabajo imprescindible para regularizar la situación administrativa.

El pago se realizaba en metálico en una sola vez o prorrateado de forma mensual. El fraude permitía a los trabajadores acumular los periodos mínimos de carencia para acceder la percepción de subsidios o prestaciones por desempleo.

Han sido detenidas un total de 43 personas a quienes se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal. El fraude ocasionado al Estado supera el millón de euros, originado por el impago de las correspondientes cuotas y por el cobro de prestaciones o subsidios de desempleo.

Por parte de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Gerona se tramitarán las correspondientes solicitudes de extinción o revocación de los permisos de trabajo o residencia tramitados irregularmente.