En un comunicado, la industria naval estimó la destrucción de 87.000 empleos y la quiebra de los 19 astilleros privados y de muchas empresas auxiliares si se devuelven los beneficios fiscales recibidos entre 2005 y 2011.

Desde Pymar, temen que los armadores y navieras internacionales, en su mayoría asentados en Europa, se vean forzados a comprar los barcos en Asia y que la doctrina se extienda a otros países europeos como Holanda, Francia, Malta y Grecia. En este sentido, añadió que “los armadores han paralizado las obras en toda Europa ante el temor de la devolución”.

Asimismo, la patronal de los pequeños y medianos astilleros españoles informó de que “el Gobierno y el sector naval han entregado durante los dos últimos años numerosos y sólidos argumentos jurídicos a la Comisión Europea” y que acudirán a la reunión del día 11 de julio “con la voluntad de que el comisario Almunia reconsidere su posición y no pida la devolución de las supuestas ayudas ante el Colegio de Comisarios el 17 de julio”.

Pymar aclaró que “solo reclaman que se aprecien los argumentos jurídicos que se han trasladado al servicio de Competencia” y que se les dé “el mismo trato” que a otros países como Francia en 2006, cuando no se le obligó a devolver las ayudas.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, añadió que “la Comisión tiene argumentos jurídicos sólidos y más que suficientes para aplicar la misma doctrina que en el caso francés” y que España puede convertirse en “adalid de una política de competencia que termine con la industria europea y dé oxígeno a la competencia desleal ejercida por los astilleros asiáticos”.