En el acto, organizado por Nueva Economía Fórum, el vicepresidente de la Comisión indicó que hay dos receptores de ayudas que sí han de devolver los fondos recibidos. Se trata de lo que han participado como inversores en los grupos de interés económico y los navieros armadores que adquirieron los barcos.

“Las ayudas recibidas por ese conjunto de agentes son incompatibles con la regulación”, dijo el comisario, quien agregó que hay dos actores con obligación de devolución de las ayudas “y el resto no”.

Bruselas decidirá el 17 de julio si obliga a devolver o no las ayudas obtenidas con el “tax lease” entre los años 2002 y 2011.

Según la organización que agrupa a los astilleros privados españoles Pymar, en caso de confirmarse este extremo “supondría el fin de los astilleros y, con ellos, la eliminación de casi 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

El comisario de Competencia, encargado de hacer la propuesta de resolución del conflicto, explicó que las ayudas que habrá que devolver serán las recibidas a partir de 2005, ya que hasta esa fecha podía haber “inseguridad jurídica” sobre la materia.

"Las autoridades españolas tiene que precisar cómo se han de devolver las ayudas”, explicó Almunia, quien señaló que ha habido muchas quejas informales y formales de otros países.