Bruselas estudia que 19 astilleros españoles devuelvan cerca de 3.000 millones de euros en ayudas concedidas por el Gobierno entre 2005 y 2011. Esa cantidad supone el 95% de las ayudas recibidas en esos años y amenaza a más de 87.000 empleos directos e indirectos localizados principalmente en Galicia, País Vasco y Asturias, como recoge la patronal de los astilleros afectados, Pymar.

La investigación reabierta desde hace tres años por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, afecta al llamado «tax lease», anterior modelo de financiación de los astilleros españoles denunciado por sus homólogos holandeses y noruegos por atentar contra la competencia por las deducciones aplicadas por el Gobierno español a financiadores.

Según dijo Esteban a los periodistas a su llegada la Junta de Portavoces de la Cámara, esta decisión supone “una gran preocupación” y es “absolutamente inaceptable” porque “llevaría al sector a la quiebra y a la desaparición”.

Por eso, los nacionalista vascos, piden al Gobierno que “ejerza, si es que la tiene, su influencia en Europa” para frenar un “asunto muy concreto que ya está encima la mesa y que es vital para 87.000 personas”.