Amnistía Internacional presentó en rueda de prensa las conclusiones del informe ‘El tiempo pasa, la impunidad permanece’, realizado por Ignacio Jovits, en el que se analiza el papel de los juzgados y del Gobierno español en las investigaciones sobre los crímenes cometidos alrededor de la Guerra Civil.

Las conclusiones derivadas del estudio determinan que los 3 poderes del Estado español “actúan de tal forma que permiten la impunidad”, según afirmó el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. De los 47 casos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional objeto de estudio, 38 fueron archivados en los juzgados españoles y el resto están en suspenso.

Por su parte, Jovits mostró su preocupación al afirmar que la “tendencia de archivo” por parte de los juzgados españoles “se ha profundizado” con la sentencia del Tribunal Supremo de 27 febrero de 2012, y añadió que el documento “cierra las puertas para que se investiguen crímenes de guerra”.

En el fallo, el Supremo absolvió por prevaricación al exmagistrado Baltasar Garzón y expuso 4 motivos por los cuales los jueces españoles no pueden investigar sobre los asesinatos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista: los hechos están prescritos, no pueden considerarse como crímenes de derecho internacional, ante el fallecimiento de los responsables no hace falta investigación y los jueces están acogidos a la Ley de Amnistía de 1977.

Jovits planteó las recomendaciones expuestas en el Informe para solventar los obstáculos presentes en España en la investigación de “graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional”: que el poder judicial aplique el derecho internacional, que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y no existan obstáculos para la investigación, que el Congreso adopte medidas inmediatas para aplicar las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y que la Fiscalía General del Estado investigue de oficio en las operaciones desarrolladas en terceros países.

Además, denunció que el Gobierno español no colabora y obstaculiza las actuales investigaciones abiertas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires a cargo de la juez María Romilda Servini, al recibir una querella por “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

Ante las peticiones de colaboración de Servini a las autoridades españolas en el proceso de investigación, Jovits señaló que la “jurisdicción es concurrente y no preferente”, por lo que lamentó la respuesta de la Fiscalía General del Estado de solicitar a Argentina la remisión de las actuaciones a España al considerar que son competencia preferente.

Por su parte, José Luis Mateos, nieto de una víctima de los crímenes de la Guerra Civil, dijo que “sin memoria en nuestro país es imposible construir un proyecto democrático verdadero” y pidió la derogación de la Ley de Amnistía y que la actual Ley de Memoria Histórica sea modificada pero no derogada.