Según indicaron fuentes de la plataforma a Servimedia, esta ley debe mejorar aspectos clave que beneficiarán directamente a sus perceptores, como la temporalidad, las cuantías a percibir, la eliminación de las penalizaciones y la reducción del plazo de resolución.

Asimismo, en su opinión, es importante concretar cuestiones “esenciales”, como la documentación exigible a la persona solicitante, la determinación y valoración de carencia de medios económicos y el itinerario individualizado de inserción.

Además, la plataforma estima que esta ley sigue mostrando restricciones que impiden hacerla realmente accesible a aquellas personas y familias que sufran una situación sobrevenida de empobrecimiento y exclusión social como consecuencia de la falta de empleo, el agotamiento de las prestaciones y sistemas de protección y la carencia de recursos económicos para atender sus necesidades básicas.

Según la PTS extremeña, los perceptores de esta ley son los que pertenecen a hogares con menores niveles educativos, los radicados en zonas con alto grado de marginalidad y exclusión social, las personas de etnia gitana, y aquellas personas y hogares con problemas de salud física o psíquica y donde existen familias desestructuradas.

Sin embargo, añade, en los últimos años se han incorporado de forma más acentuada nuevos perfiles de personas afectadas por situaciones de alta precariedad social y laboral, y causadas por pérdida económica sobrevenida por falta de empleo, acceso y salida de empleos precarios, alto endeudamiento familiar, cualificaciones profesionales aún rudimentarias, situaciones de alta enfermedad, etc.

"La crisis actual ha puesto a prueba el sistema de protección social español, que en sólo tres años, en el periodo de 2008 a 2011, ha visto cómo se doblaba el número de perceptores de prestaciones", apunta.

Además, añade, en 2010 se viene registrando un descenso del número de beneficiarios de prestaciones, tanto a nivel asistencial como en el contributivo, sin que otras prestaciones hayan logrado aliviar las situaciones de carencia de ingresos de estos hogares.

Y, por otro lado, indica que hay que tener en cuenta el "progresivo" incremento de trabajadores pobres, es decir, personas con empleo pero que su renta familiar los sitúa en situación de alta vulnerabilidad y privación.

En este sentido, apunta a que cualquier persona puede caer en la pobreza, en la ausencia de recursos, en no atender a sus obligaciones personales, sociales y económicas.

Por último, invita a la reflexión, por tanto, sobre la relación entre Renta Básica y empleo, ya que los diferentes perfiles de familias y personas en función de la carencia de recursos, la vulnerabilidad, la privación o la exclusión social determinarán también distintas estrategias en los itinerarios de inserción. Así, entiende que los programas de rentas mínimas y los de inserción socio-laboral deben seguir lógicas distintas.