De esta manera, en sendos comunicados, CCU y OCU muestran su rechazo a una enmienda introducida y aprobada en el Congreso durante la tramitación del proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

Dicha enmienda pretende, indican, regular los requisitos que deben cumplir los análisis comparativos en productos alimenticios para su venta al consumidor final, análisis que suponen una de las actividades más importantes llevada a cabo por las organizaciones de consumidores, y también una de las más demandadas y valoradas por los ciudadanos.

La enmienda planteada obligaría a las asociaciones de consumidores y usuarios a cumplir, para la difusión de sus análisis, los mismos principios y garantías que rigen para la inspección y el procedimiento sancionador de la Administración en materia agroalimentaria.

"Ello, además de añadir costes y demorar o incluso impedir dicha difusión, deja aún más en inferioridad de condiciones a las organizaciones de consumidores frente al sector de la alimentación y la distribución”, afirma el Consejo.

A este respecto, explica que el hecho de que la enmienda haya sido introducida en el Congreso ha impedido al CCU pronunciarse sobre ella durante el trámite de audiencia del proyecto de ley, y no le ha permitido tampoco oponerse a la misma ante los grupos parlamentarios.

Por ello, se ha dirigido ahora a las fuerzas políticas en el Senado pidiendo la retirada de dicha enmienda, por entender que “vulnera el derecho constitucional a comunicar y recibir información veraz; limita la labor de las organizaciones de consumidores en la formación y defensa de los ciudadanos reconocida igualmente por la Constitución; y vulnera otros artículos de la Carta Magna sobre la protección de la salud y de los intereses económicos de los ciudadanos”.

Además, defiende que durante décadas, las organizaciones de consumidores y usuarios han demostrado su respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información en la elaboración y difusión de sus informes y análisis comparativos.

ATAQUE A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Por su parte, la OCU lamenta que el Ejecutivo quiera “privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado”.

“Con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado”, añade el escrito.

En la misma línea, denuncia también que los “últimos escándalos” en materia de alimentación destapados por OCU en España “no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta”.

Se refiere concretamente a sus estudios sobre la calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo, informes que no han concluido en expedientes sancionadores.

“El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada, que les da la propia industria”, prosigue.

Según la OCU, “no existe ninguna disposición similar en Europa y los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas”.