Estas intervenciones significaron la condena a 11 años de inhabilitación a Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, que decretó asimismo la nulidad de las grabaciones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en concreto, ha rechazado ahora la petición realizada por Antoine Sánchez, primo y presunto testaferro de líder de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa.

El imputado había solicitado que la cárcel de Soto del Real (Madrid) informase de los abogados que habían visitado en el centro penitenciario a Sánchez, Correa y al presunto ‘número dos’ de la trama de corrupción, Pablo Crespo, durante los cinco meses, desde febrero hasta mayo de 2009, en las que se llevaron a cabo las intervenciones ordenadas por Garzón.

Sánchez también quería conocer la identidad de los policías que accedieron a la citada prisión en ese periodo de tiempo. Alegó que estas informaciones eran necesarias porque “afectan de manera importante a la causa, a la defensa y al esclarecimiento de una parte de la instrucción, en lo concerniente a su declaración de nulidad”. El instructor del caso, el juez Pablo Ruz, ya rechazó la petición de Sánchez el pasado mes de abril.

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal, presididos por Ángela Murillo, rechazan ahora la petición de Sánchez al entender que se trata de una petición “genérica y prospectiva basada en una supuesta, inconsistente e inexplicable sospecha de mala praxis policial o judicial”.

El auto hecho público hoy también destaca los argumentos “especialmente difusos” utilizados por el primo de Correa y señala que en el volcado de las intervenciones “no se apreció ninguna manipulación, ni tampoco quebrantamiento de la cadena de custodia”.

Los magistrados concluyen que las diligencias solicitadas por Sánchez, a las que se adhirieron Crespo y el imputado Randal Lew Caruso, otro presunto testaferro de Correa, no son “necesarias, útiles y pertinentes” y descartan que las puedan “arrojar dudas acerca de la regularidad del devenir procesal”.

Sánchez, que ingresó en prisión preventiva en febrero de 2009 por orden de Garzón junto con Crespo y Correa, fue excarcelado en enero de 2011 bajo fianza de 40.000 euros.