Según informó el Instituto Armado, los perjudicados eran personas de avanzada edad y escasos conocimientos financieros de las localidades de Trebujena y Alcalá del Valle (Cádiz), que ingresaron en dicha sucursal los ahorros de toda una vida. La cantidad invertida por parte del director en preferentes ascendería a casi 240.000 euros.

Los clientes del banco confiaban plenamente en el director de la sucursal y firmaron los contratos con la seguridad de que era una operación similar a las que habían realizado hasta ese momento, es decir, imposiciones a plazo fijo a cambio de un interés fijo o variable, pero siempre con la condición pactada de que en caso de necesidad podrían recuperar fácilmente su dinero.

De las declaraciones realizadas por todos los afectados, se constata que en ningún caso se les informó de las características técnico-jurídicas de lo que firmaron. No eran conscientes de que no podrían recuperar su dinero o de que a través de estos productos estaban financiando a la entidad bancaria, pasando a ser inversor-accionista de la misma.

Tras solicitar a los servicios jurídicos de la entidad bancaria la remisión de la documentación relativa a los contratos suscritos por los perjudicados para finalizar la instrucción de las diligencias, los responsables de la misma se pusieron en contacto con las personas afectadas para devolverles el importe total de sus ahorros.

Se les entregó, además, un documento con el que reconocieron que en la contratación de preferentes pudo haber irregularidades y que con el objetivo de poner fin a las discrepancias estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el cliente.