En respuesta al diputado de UPyD, Carlos Martínez, Wert señaló que “el espacio de maniobra de la legislación básica (la que puede aprobar el Estado) en este terreno “es acotado, puesto que existe una abundante doctrina del Tribunal Constitucional” que fija, dijo, las comptencias al respecto.

Según dicha jurisprudencia, explicó, la Administración central solo puede “garantizar el derecho de elección” pero no ofrecer el servicio, y esta garantía debe “ser tutelada de la forma menos invasiva y menos perjudicial posible”.

De ahí la idea de que el Estado adelante el pago de las matrículas en colegios privados para aquellos familias que lo soliciten (después se le retraerá a la Generalitat de la financiación autonómica), propuesta en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

En la Comisión de Educación, el portavoz de UPyD criticó la solución por la que el ministerio ha optado, ya que indicó que “o se está de acuerdo en que se cumpla la Constitución y garantizamos que se pueda educar a los niños en castellano o renunciamos a ello”. Por el contrario, opinó que lo que hace el proyecto de ley es recurrir “un cheque escolar disimulado que nada tiene que ver con la realidad educativa de Cataluña”.

También el portavoz de Esquerra Republicana Alfred Bosch apuntó que “el mismo sector” para el que se pensó esta solución rechaza la idea, y se preguntó que “a quién se dirige esta ley”.

A ello respondió el ministro que la Lomce se limita a dar cumplimiento a un derecho reconocido por repetidas sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Superior de Justicia catalán, y añadió que será un mecanismo transitorio hasta que la Generalitat asegure este derecho.

Asimismo, subrayó que la Lomce no supone ni un ataque al modelo de inmersión lingüística vigente en Cataluña ni una invasión de competencias, algo de lo que también acusaron al proyecto los portavoces de CiU, BNG, IU y PSOE.

Por último, Wert reiteró su oferta de diálogo a la Generalitat y se comprometió a que si esta encuentra “una fórmula más satisfactoria” que garantice el propósito de la ley, la estudiará y adoptará si es posible.