La declaración recuerda que la Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho fundamental a la no discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", y establece en su artículo 9.2 que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social".

Además, expresa su determinación para seguir trabajando a nivel nacional e internacional, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Por esto, el Gobierno trabajará en el marco de la Unión Europea para promover la derogación de las leyes que en numerosos países penalizan a las personas homosexuales y transexuales. Al menos cinco países del mundo permiten la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con las relaciones homosexuales consentidas entre adultos.

Asimismo, manifesta que trabajará para promover la despatologización de la transexualidad y solicita a la Organización Mundial de la Salud su eliminación de la clasificación internacional de enfermedades mentales.

La declaración concluye con el compromiso del Gobierno para "seguir avanzando" a nivel nacional, adoptando las medidas necesarias para garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todos, y para "prevenir y luchar contra la homofobia y la transfobia", mediante la información, sensibilización y la promoción de la inserción social y laboral de las personas transexuales.