Respecto a las propuestas de medidas de carácter fiscal, el Cermi propone, por un lado, la exención de tributación por el Impuesto sobre Sociedades las ayudas otorgadas por las administraciones públicas a las entidades de nueva creación; así como la exención en el IRPF de las ayudas ligadas al apoyo mediante programas de incentivos a los emprendedores.

También plantea modificar la deducción por creación de empleo de personas con discapacidad; la eliminación de la incompatibilidad de la libertad de la amortización con creación de empleo; y, para los contribuyentes con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, un incremento del 5% de la reducción prevista en la Ley del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.

En relación a la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, solicita la inclusión de los programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad para la ejecución de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad.

Con respecto a las medidas de carácter sociolaboral planteadas por el Cermi, destaca, por una parte, las soluciones normativas a los problemas derivados de la sucesión de empresas y contratas en que interviene un Centro Especial de Empleo; la mejora del régimen de bonificación en las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de incentivar de forma reforzada al autoempleo; y el mantenimiento de los beneficios de la renta activa de inserción para personas con discapacidad.

También solicita mejorar el régimen de compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo; reforzar el cumplimiento de la obligación de mantener la cuota de empleo del 2%, vinculándola a la contratación pública; o establecer un plan de choque para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades en el mercado laboral, a través de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.

Además, plantea que el Gobierno apruebe un proyecto de Ley dirigido a favorecer el mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida; la aplicación real de la reserva de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo; y la aprobación del Gobierno de un Plan para garantizar la participación institucional de la asociación más representativa a nivel estatal de las personas con discapacidad y sus familias, en los Órganos de la Administración General del Estado.

Por último, en relación a las condiciones de trabajo para las personas con discapacidad, el Cermi propone reconocer al trabajador con discapacidad o al trabajador que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, el derecho a la adaptación de la jornada, horario y turnos de trabajo (pero sin reducción de jornada), cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con su discapacidad.