En un comunicado firmado por todas ellas, lamentaron que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el resto del Gobierno "hayan sido incapaces de escuchar a las asociaciones de jueces y de fiscales y de abrir espacios de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones a los graves problemas que afectan a la administración de justicia".

Reiterando las demandas que justifican su acción, reclamaron un incremento de la inversión en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de medios materiales y personales suficientes. Según alegan, el presupuesto en España es del 1% del PIB, frente al 3-4% de la media europea, y en este país hay un juez para cada 10.000 habitantes, ocupando por ello el puesto 36 de Europa.

Además, dicen, el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone "la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales", con el consiguiente menoscabo de uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Muy al contrario, las asociaciones convocantes urten a un incremento de la planta judicial y fiscal. Según dejan caer, "imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible" podría "crear espacios de impunidad" de los que "por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción", cuya investigación se ralentizará necesariamente.

Por otro lado, piden la "paralización inmediata del proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial", para que no se convierta en "un apéndice del Ministerio de Justicia", la derogación o modificación de las tasas judiciales y una reforma de la ley del indulto.

LA APM NO SECUNDA

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, declaró a su vez su rotunda oposición a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, especialmente, al control político del nombramiento de los vocales del CGPJ.

No obstante, esta asociación reiteró que no secunda la huelga "al entender que dicha medida de protesta no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país".

En cualquier caso, expresó su "profundo respeto a las decisiones de sus asociados, secunden o no la huelga", y a la iniciativa del resto de asociaciones judiciales, con las que comparte su rechazo al anteproyecto de ley de reforma del poder judicial.