Creada por el Ministerio de Educación, esta comisión empezó sus trabajos hace 7 meses y acaba de entregar al ministro sus conclusiones, en un documento denominado 'Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español'.

Según sus propuestas, los miembros de estos nuevos 'Consejos de la Universidad' serían elegidos en un 50% por el claustro, en un 25% se designarían por las comunidades autónomas entre personas de elevado prestigio profesional o académico” para garantizar “la participación de la sociedad civil” y el 25% restante lo deberían escoger los dos grupos anteriores entre personas externas o internas con los mismos requisitos.

Ningúno de los miembros de este consejo podrá haber ocupado un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno durante los 36 meses anteriores a su nombramiento, precisa el informe.

En sus 84 páginas, también apuesta por reforzar las competencias atribuidas al rector, a fin de combatir la ingobernabilidad que a veces padecen las universidades a causa de la gran variedad de órganos de decisión.

La idea sería que el rector no sólo nombrase a su equipo inmediato (vicerrectores y secretario general), sino también a los decanos, directores de escuela y directores de departamento, siempre a propuesta de los colectivos afectados. Además, su mandato pasaría a durar 5 años prorrogables (son cuatro en la actualidad).

A cambio, se exigiría que los futuros rectores acreditasen tres sexenios de investigación además de ser catedráticos, y se les pediría mayor rendición de cuentas.

CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO

Los expertos recomiendan que al método habitual para contratar profesores (prueba nacional y concurso de plazas convocado por cada universidad) se agregue una segunda vía que permita la “contratación directa e indefinida por la universidad de doctores españoles y extranjeros también como catedráticos y profesores titulares”, aunque sin la condición de funcionario.

De esta forma, se evitaría a los nuevos superar la evaluación nacional y las universidades podrían fijar en su convocatoria de plazas la banda salarial que ofrecen. El objetivo es evitar los condicionamientos de un sistema funcionarial que dificulta la contratación de talento extranjero, explican. Además, subrayan la necesidad de combatir la endogamia, esto es, que cada universidad fiche a sus propios doctores.

De hecho, los expertos llegan a recomendar que se impida cualquier “contratación por una universidad de un doctor propio, salvo que éste haya estado vinculado a otra institución académica o centro investigador reconocido, español o extranjero, por un periodo no inferior a 36 meses".

El informe, que en su conjunto respaldan todos los miembros del comité, cuenta con una adenda con dos votos particulares donde los profesores óscar Alzaga y Mariola Urrea expresan sus reservas sobre las propuestas de selección del profesorado y de gobernanza de los centros.

Según el Ministerio de Educación, a partir de ahora estudiará con detenimiento estas propuestas, de cara a la elaboración de la reforma que pretende en la universidad española.