El PP ha presentado una cuarentena de enmiendas de carácter técnico.

De los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos ha formulado una docena de propuestas y el PSOE siete.

Unidas Podemos enfoca sobre todo sus enmiendas a ampliar el catálogo de prestaciones que serán entendidos como ‘servicio universal’ de telecomunicaciones, así como a mejorar las garantías de cobertura de conexión para el conjunto del territorio nacional y el acceso de los colectivos más vulnerables.

Sobre la consideración de 'servicio universal', cuya prestación se garantizará para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, Unidas Podemos no se conforma con que se hable de amparar el acceso de los ciudadanos a Internet de banda ancha.

Pide más concreción y plantea que esa banda ancha sea al menos de 30 Mbps para el 1 de enero de 2023 y de 100 Mbps para el 1 de enero de 2025.

También sugiere que la ley reconozca como servicio universal garantizado la telefonía móvil y el acceso a banda ancha móvil con un mínimo de ancho de banda garantizado de 30 Mbps para todos los núcleos de población.

En otra enmienda, plantea que en aquellos núcleos de población donde un operador de servicios vocales y de banda ancha móvil no cuente con cobertura de red ni acuerdos voluntarios con los operadores de red presentes en la zona, “el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impondrá las condiciones para establecer un usa compartido de la red que garantice la prestación adecuada del servicio”.

También pide que se extienda a todos los servicios de comunicación la opción de los usuarios, en el momento de la resolución de su contrato, de poder devolver los equipos terminales de televisión digital, de telefonía y de acceso a internet de forma gratuita.

El PSOE pide en una enmienda que se consagre, en línea con el Plan de Recuperación, un régimen fiscal simplificado para los impuestos locales sobre el despliegue de la red, con vistas a reducir cargas y costes administrativos.

CABINAS Y GUÍAS

El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Telecomunicaciones el pasado noviembre y espera que entre en vigor este primer trimestre del año. La norma transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas adoptado en 2018.

Entre las novedades, la Ley elimina las cabinas y las guías telefónicas de la consideración de servicio universal de telecomunicaciones.

Finalmente, el Gobierno ha dado marcha atrás respecto al anteproyecto y la Ley dejará fuera a los gigantes digitales de Internet del pago de la tasa de operadores, a la que sí están obligados las ‘telecos’.

El proyecto prevé que las velocidades de acceso que ofrezcan los operadores garanticen la prestación de servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por Internet.

Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

PROTECCION A USUARIOS

En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código al reforzar la transparencia de los contratos (será obligatorio facilitar al abonado un resumen de las condiciones del contrato antes de la firma), se limita la duración máxima inicial de los contratos a dos años y se regulan por primera vez los paquetes de servicios.

También se amplían los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

Con la Ley, se extienden las posibilidades de actuación e información a través del servicio 112. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y para disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112. A este servicio podrán acceder con más facilidad las personas con discapacidad.

También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores.

Aquí, la Ley va más allá de la trasposición de la directiva comunitaria. La duración mínima de las concesiones de frecuencias será de 20 años.