El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, replicó a Montilla que "la Ley no se queda a las puertas de ningún Parlamento" y que los preceptos constitucionales "obligan a todos y cada uno de los españoles", y en primer lugar a los poderes públicos. De hecho, afirmó, Montilla "es lo que es, está donde está y puede gobernar gracias a la Constitución".

En esa línea, el presidente de la APM recordó que, "mientras otra cosa no se establezca", la Constitución estipula que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y que "sólo hay una nación y una soberanía". Finalmente, pidió a Montilla "más respeto" para un TC que está haciendo "lo que la Constitución le encomienda".

Para el Alto Tribunal, apuntó desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria su portavoz Marcelino Sexmero, "no hay más legitimidad que respetar que la que deriva de la Constitución y la ley orgánica" que regula su funcionamiento. "No hay ninguna legitimidad política que puede vincular jurídicamente" al TC, aseguró.

Sexmero no ve una colisión entre dos legitimidades, la constitucional y la democrática. Si pudiera haberla, explicó, "no existiría el Tribunal Constitucional", pues "cualquier anulación de una ley sería un choque" de esas características. "La Constitución ya establece la existencia de este tribunal", recordó, precisamente "para declarar la constitucionalidad o no de una ley".

"LA DEMOCRACIA SON REGLAS"

También el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, opina que no ha lugar para ese enfrentamiento, porque "la democracia son reglas". A su parecer, "decir que el pueblo elige esto o lo otro es demagogia", porque "lo que tenemos son unas reglas en cuya virtud se articulan unos mecanismos por los que los ciudadanos pueden intervenir en las decisiones".

Gallardo señaló que "el consenso que hay en toda España es la Constitución" y ésta tiene sus "reglas de convivencia" y "todos debemos respetarlas, entre ellas las reglas para modificarla". "Si no estamos de acuerdo con la Constitución, cambiémosla", sugirió. "Pero por las vías de hecho, por un referéndum, no. Porque un referéndum en Cataluña daría X y en el resto de España daría Y, ¿y eso adónde nos lleva?", se preguntó.

Más ambiguo se mostró Miguel Ángel Jimeno en nombre de JpD, pues, en su opinón, las palabras de Montilla se enmarcan en "una opinión política que sólo puede ser analizada en términos políticos". Sí afirmó que "el Tribunal Constitucional está perfectamente legitimado", y que "lo que diga se acatará totalmente desde el punto de vista jurídico". "Desde el punto de vista político, los políticos serán los responsables de analizarlo".

Respecto a la validez o no del término "nación", el portavoz de JpD afirmó que "depende del contenido que se le quiera atribuir", porque, "si tiene el sentido que tiene ahora, tendría cabida perfectamente; y, si se le atribuye otro diferente, es posible que no".

Pero esto, insistió, es "un debate que no es propiamente jurídico".