El acto estuvo presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y asistieron también el ministro de Economía, Luis de Guindos; la de Fomento, Ana Pastor; y la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Sáenz de Santamaría indicó que el Gobierno pone en marcha “iniciativas comprometidas”, sobre todo porque “tienen un efecto tan inmediato y tan profundo en la situación que vivimos”.

Además, destacó que con la firma con los distintos agentes se consigue “aunar esfuerzos”, y señaló que estas casi 6.000 viviendas “no es un esfuerzo excesivo, que me perdonen las entidades financieras, es un esfuerzo solidario y conjunto”.

“Podemos discutir y mucho sobre si las medidas son suficiente”, dijo la vicepresidenta, quien en todo caso subrayó la importancia de “ponernos en la piel de toda esa gente que confío en el futuro, y las cosas no fueron bien porque la coyuntura no ha sido la deseada”, hasta el punto de haber perdido su hogar.

Esas personas “tienen derecho a seguir adelante, a tener una segunda oportunidad; tienen derecho a tener una vivienda y a precios razonables”, dijo la ‘número dos’ del Gobierno, quien pidió “la mitad del coraje” de las familias que afrontan situaciones complicadas pero saben que pueden salir adelante, igual que lo hará España para salir de la crisis.

Según dijo la ‘número dos’ del Ejecutivo, “el Estado y todos los que pagamos impuestos creemos” que las familias con problemas han de tener una “segunda oportunidad”, y apeló el “derecho a equivocarse”.

Firmaron el convenio con el Gobierno José María Roldán (Banco de España), Santos González (AHE), José María Méndez (CECA), Luciano Poyato (Plataforma del Tercer Sector), Íñigo de la Serna (FEMP), Pedro Pablo Villasante (AEB) y Marta de Castro (UNAC).

PRECIO ALQUILERES

El precio por el alquiler de estos inmuebles se situará en la franja de entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de ingresos netos de la unidad familiar.

Aquellas familias que se acojan al denominado alquiler social tendrán que firmar un contrato con una duración de dos años, ampliables a tres si se siguen cumpliendo los requisitos con los que se firmó el acuerdo.

Esta iniciativa se incluye en el real decreto de medidas urgentes de protección del deudor hipotecario, que recoge además paralizar durante dos años el proceso de lanzamiento de las viviendas de quienes estén en una situación especialmente vulnerable, sin coste.

Podrán acceder al fondo de alquiler social las familias desalojadas como consecuencia de una demanda por impago de un préstamo hipotecario con posterioridad al 1 de enero de 2008.

BENEFICIARIOS

El nivel de rentas previsto para acceder a estas viviendas es tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros, unos 19.000 anuales.

Además, se beneficiarán hogares en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, como por ejemplo que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

El crédito ha de referirse a un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad, y el Gobierno ha establecido una serie de circunstancias adicionales.

Se trata de familias numerosas, unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, familias con algún menor de tres años, tener a cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo y estar en algunos supuestos de violencia de género.

También se recogen las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad.