Joaquim Bosch, portavoz de JpD, dijo a Servimedia que, después de la postura expresada por el CGPJ, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, debería anular estas iniciativas durante la tramitación parlamentaria.

Según Bosch, la custodia de seguridad y la prisión permanente revisable son figuras "de constitucionalidad bastante dudosa, puesto que vulneran principios tan importantes como la reinserción de los condenados”.

Añadió que estos dos aspectos de la reforma en marcha del Código Penal también presentan “problemas de legalidad”, a lo que se suma que, según JpD, son “medidas innecesarias”.

Bosch argumentó que, aunque “España está en la parte más baja en el ámbito europeo en el porcentaje de delitos por habitante”, el país tiene “el mayor porcentaje de presos por habitante y los mayores tiempos de cumplimiento en prisión”.

A su juicio, esto prueba que “estas medidas de endurecimiento de condena no son necesarias y no están justificadas”.

En su opinión, la custodia de seguridad y la prisión permanente revisable “solamente tienen una finalidad populista”, de forma que se pretende “actuar sobre resortes emocionales de la población para desviar la atención de otros asuntos que son mucho más importantes”.