El CGPJ vuelve a aplazar su decisión sobre el informe crítico con el Código Penal de Gallardón
- Pide al Gobierno una ampliación del plazo para presentar su dictamen
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La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a aplazar su decisión sobre el informe que considera inconstitucionales algunos puntos de la reforma del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, principalmente las cuestiones relativas a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad tras salir de prisión.
Los cinco vocales de la Comisión de Estudios, al igual que hicieran el pasado 13 de diciembre, han finalizado su reunión sin acuerdo. Han decidido volver a reunirse para estudiar el informe el próximo 8 de enero, según informaron fuentes del Consejo.
Como el plazo para que el CGPJ presentara su informe finaliza a primeros de enero, la Comisión de Estudios ha requerido al pleno del Consejo para que se dirija al Ministerio de Justicia para solicitar una ampliación de 15 días.
Si la Comisión de Estudios aprueba finalmente el informe, elaborado por Margarita Robles, este deberá ser aprobado por el pleno del CGPJ.
El informe critica el nuevo Código Penal con argumentos como que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable" con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.
El escrito también subraya que "las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social" una vez cumplida la condena, "lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable".
El informe de la vocal del CGPJ critica asimismo que Gallardón se ampare para justificar su reforma “en el pretexto de mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia” cuando en realidad "precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales".
El informe censura también la custodia de seguridad contemplada en la legislación proyectada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Destaca en este sentido que esta medida se impondrá tras la pena de prisión, y "aunque la ley fija una duración máxima" de diez años, tras ella "se impondrá de modo obligatorio la medida se seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada".
(SERVIMEDIA)
18 Dic 2012
DCD