El Ministerio de Educación convocará una nueva y definitiva Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas el 19 de diciembre, a fin de recoger más aportaciones y darles tiempo para analizar los últimos cambios propuestos al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

En rueda de prensa, el ministro aseguró que esa reunión será "la última" antes de que el texto del anteproyecto se envíe al Consejo de Estado y para que emita dictamen. Tras ese trámite la norma volverá al Consejo de Ministros que lo remitirá al Parlamento.

Según Wert, un total de doce comunidades se mostraron a favor del nuevo texto, cuatro lo rechazaron y una quinta (Cataluña) abandonó el encuentro nada más empezar.

Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias son las regiones contrarias a la actual redacción del anteproyecto, lo que no implica que algunos gobiernos del PP quieran realizar “sus aportaciones”. En general, estos últimos aplaudieron la mayor autonomía que el actual borrador concederá a los centros educativos y a las propias comunidades en la determinación de la oferta académica.

En lugar de controlar un porcentaje del 75 y el 65% sobre los contenidos del currículum, la nueva propuesta reserva como competencia estatal las llamadas “asignaturas troncales (Inglés, Ciencias, Historia, Castellano…)”, mientras que las denominadas de “especialidad” pasan a depender en exclusiva de las comunidades.

EXPLICACIONES

Por otra parte, Wert indicó que la razón de que las comunidades recibieran el nuevo borrador con “modificaciones importantes” ayer se debe a que “nos llegan aportaciones continuamente y las vamos incorporando según las valoramos”.

El reglamento establece que la convocatoria y el orden del día “acompañados de la documentación que se estimen convenientes” han de remitirse con 10 días de antelación, explicó Wert, pero señaló que en esos 10 días se han seguido recibiendo nuevas propuestas que “se han considerado importantes”.

En todo caso, el ministerio considera que la convocatoria se ha ajustado a la normativa, por lo que rechazó las críticas de Andalucía y País Vasco, para las que esta reunión podría “declararse nula”.

“Sin embargo, nos parece tan importante el consenso y las aportaciones de las comunidades autónomas que hemos considerado razonable conceder este breve lapso de tiempo (15 días)” para que analicen toda la documentación y remitan sus propuestas, agregó el ministro.

NO INVADE COMPETENCIAS

Además, negó que el anteproyecto signifique una invasión de competencias, y aseguró que al hablar de “proporción razonable” en la oferta de castellano y lenguas cooficiales, “solo está recogindo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en este sentido".

Los modelos de inmersión lingüística han sido declarados constitucionales”, prosiguió Wert, y de hecho, tanto Cataluña como cualquier otra comunidad autónoma que considere que su lengua está en situación de inferioridad podrá impartirla en mayor proporción que el castellano.

Lo que se garantiza en la disposición adicional 28 de la Lomce, según explicó, es que “la oferta de castellano no sea meramente aparencial”, y que si una familia desea que su hijo tenga el castellano como idioma vehicular exista “un mecanismo suplementario que lo garantice”.

Dicho mecanismo consistirá en la obligación de que las comunidades autónomas asuman los gastos de la escolarización de esos alumnos en colegios privados, cuando “ni en su municipio ni en la zona limítrofe se ofrezca dicha posibilidad.

Por eso, Wert insistió en que “no se cambia el régimen lingüístico”, y calificó de “llamativo" el plante de la consejera catalana, que abandonó la reunión por considerar que “el catalán era discriminado”.

“Es incongruente que critique la falta de tiempo para analizar el borrador y que a la vez anuncie que lo va a recurrir ante el Constitucional”, apuntó Wert, y añadió que varias autonomías manifestaron su malestar ante esta actitud.

Asimismo, el ministro aclaró que la clasificación de las lenguas cooficiales como “asignaturas de especialidad” no significa “una minusvalorización” por su parte. “La troncalidad es refiere que ciertas materias son de obligada aplicación en todo el territorio nacional”, y obviamente las lenguas propias no pueden serlo, pero ello no quiere decir que “las consideremos menos importantes”.

Señal de esta relevancia, que según Wert Educación otorga a los idiomas propios de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y País Vasco, es la inclusión en las pruebas de final de ESO y de Bachillerato de exámenes de lengua y literatura catalana, valenciana, euskera y gallega.

El ministerio se hace eco así de la demanda de la Comunidad Valenciana, que al igual que Baleares aplaudió “la receptividad del Gobierno” y “los avances conseguidos", aunque ambas presentarán nuevas aportaciones para mejorar este apartado de las lenguas.