La convocatoria del paro, que se celebrará entre las 12.00 y 13.00 horas del 12 de diciembre, ha sido decidida en una reunión mantenida en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid por la denominada Comisión Interasociativa de Conflicto, formada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

En la reunión todas las asociaciones menos la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han abogado por la celebración de una huelga, según fuentes de los colectivos consultadas por Servimedia. Finalmente, para mantener la unidad de acción y no dejar fuera a la APM, mayoritaria entre los jueces, el resto de asociaciones han cedido y han optado por convocar un paro de una hora.

Aún así, si el paro no hace que el Gobierno reconsidere sus reformas, las asociaciones de jueces y fiscales, incluida la APM, han acordado celebrar una huelga en enero de 2013.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, explicó que finalmente ha primado la “unidad de acción” y han preferido esperar al entender que un paro parcial “puede tener un impacto considerable”.

Bosch dijo además que son “jueces y fiscales”, por lo que su “sentido de la responsabilidad” les impide convocar huelgas “cada semana” o adoptar medidas que supongan un “grave perjuicio” para los ciudadanos.

DIMISIÓN DE GALLARDÓN

Las siete asociaciones han acordado además pedir la dimisión de Gallardón. “Lo damos por muerto como interlocutor”, dijo el portavoz de Francisco de Vitoria y decano de Madrid, José Luis González Armengol.

Los representantes de las asociaciones consideran que el actual ministro de Justicia debería haber abierto una mesa de negociación y criticaron su “indiferencia” y “pasividad”.

Los jueces y fiscales han solicitado en consecuencia una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para poder desbloquear la situación. Si Rajoy se reúne con ellos, podrían reconsiderar la “hoja de ruta” y retirarían la amenaza de huelga. que en la actualidad desemboca en una huelga. ”Consideramos a Rajoy la única persona válida para abrir una negociación”, señaló Bosch.

DESAHUCIOS Y TASAS

Los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales también criticaron el decreto aprobado para reformar los procedimientos hipotecarios, que consideran “insuficiente y muy confuso”. Consideran que esta modificación “tiene que ampliarse” para que pueda dar cobertura a “más colectivos desfavorecidos” y se pueda aplicar a todos “los deudores de buena fe” que no puedan hacer frente a la hipoteca.

En cuento a las tasas judiciales, entienden que “van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia” y van a suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Además de tasas y desahucios, uno de los motivos del paro es el malestar entre los jueces por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), proyectada por el Departamento de Gallardón y con la que se quiere limitar los permisos y las licencias por enfermedad de los magistrados. Los miembros de la carrera judicial consideran que esta modificación supondrá un recorte de sus derechos estatutarios.

Los jueces también están a la gresca por lo que denominan “cargas de trabajo”, que consideran excesivas y sobre las que piden una regulación concreta. También solicitan que el Gobierno dé marcha atrás en su intención de eliminar la figura de los jueces sustitutos.

Las asociaciones entienden en definitiva que las reformas de Gallardón van a “empeorar” la actual situación de la administración de justicia, en la que ya se dan carencias como “la falta de medios personales y materiales”.

DERECHO A HUELGA

La convocatoria ha tenido lugar a pesar de las dudas que existen sobre si los jueces y fiscales, como representantes de un poder del Estado, tienen o no derecho a huelga.

Antes de la pasada huelga general, celebrada el pasado 14 de noviembre, la asociación Jueces para la Democracia solicitó al CGPJ que fijase unos servicios mínimos para la jornada de paros, a lo que el Consejo contestó recordándoles que el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados “no tiene soporte normativo”.

El seguimiento de la huelga general fue finalmente muy reducido entre los miembros de las carreras fiscal y judicial.

Los jueces ya celebraron una huelga durante la etapa en el Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo.

Las asociaciones también han convocado un acto público de defensa de la administración de justicia para el 11 de diciembre, día anterior al paro. El objetivo de este acto será poner en conocimiento de la opinión pública “que proyectos como las reformas en marcha, lejos de mejorar en la justicia, van a suponer graves perjuicios a los ciudadanos en la tramitación ordinaria de los procedimientos”. “La plantilla ordinaria de jueces y fiscales no va a poder hacer frente al 30 por ciento de trabajo que supone la eliminación de las plantillas de sustitos”, señalaron los representantes de las asociaciones.

Los jueces y fiscales pidieron la participación en el paro del 12 de diciembre de todos los abogados y subrayaron que la convocatoria está “expresamente apoyada” por el Consejo General de la Abogacía.