Así lo afirmaron hoy en rueda de prensa el presidente de Aenor, Manuel López Cachero, y el director general del IEE, Juan Iranzo, quien en el último número de la revista que edita el Instituto, centrado en la “Calidad, normalización y competitividad”, pide “medidas y normas que permitan determinar la calidad de determinados productos o servicios, y permitir desgravaciones fiscales a quienes las cumplan o a las empresas que implanten sistemas de calidad”.

“Pedimos exenciones fiscales a la investigación en normas” de modo similar a las que se aplican a la I+D+i, explicó.

Se trata, según López Cachero, de “que no sólo el empresario asuma el riesgo para impulsar el progreso, sino también el gobernante y la sociedad al que este representa”.

Igualmente, para aquellas empresas que potencien las medidas de accesibilidad, cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos laborales, eficiencia energética, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad se deberían establecer estímulos en forma de exenciones y ayudas como, por ejemplo, “que esto puntúe para ganar concursos públicos”; en ningún caso, sin embargo, debería tratarse de “donaciones”.

De este modo, Aenor y el IEE piden “ventajas” para quienes cumplan con estas voluntarias. Hasta que la apuesta de estas compañías por la competitividad diera sus frutos en el mercado, estas ayudas compensarían el gasto y la inversión de las empresas en su implementación.

Tanto Iranzo como López Cachero eludieron cuantificar ese incentivo fiscal para cuya determinación “debería abrirse un debate”.

Para el máximo representante del IEE, aumentar la competitividad española es imprescindible en la actual situación económica. Dado el nivel de sueldos del mercado laboral español, la única vía para competir en el mundo no es el precio, sino la tecnología y la calidad, dijo.

Además, apostó por reducir unos costes laborales que “no se adaptan al ciclo económico”, a través de medidas tributarias; reformar la formación para adecuarla a las necesidades del mercado; integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso productivo; combatir el absentismo; homogeneizar los mercados; y apostar por la normalización. “Todo retraso tendrá un efecto negativo sobre nuestro empleo y nuestro crecimiento, y en este momento coyuntural, más aún”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de Aenor aprovechó la ocasión para recriminar al Gobierno la menor atención que presta a la normalización. “Las Administraciones quieren que las cosas salgan bien, pero ven que otros temas son prioritarios”, dijo.

De hecho, “hemos bajado un par de escalones en el orden de prioridades” del Ejecutivo, como demuestra el descenso de presupuestos destinados a investigación.

“No pedimos más dinero; pedimos que se mantenga y se incremente, si es posible, la atención que se nos ha prestado siempre”, añadió.

“El Gobierno está en el tema como acto de fe, no como realidad empírica”, bromeó López Cachero.

RSC

Finalmente, ambos asistentes hicieron alusión a la responsabilidad social corporativa (RSC), un “debate abierto y no cerrado porque hay temas que no se pueden resolver por ley”, dijo el representante de Aenor.

López Cachero incidió en la importancia de que la RSC sea siempre voluntaria y abogó por normalizarla, con recomendaciones y criterios “para que el sistema funcione eficientemente”.

Por su parte, Iranzo también consideró que este tipo de política “siempre ha de ser voluntaria y ha de ser aprobada por los propietarios de la empresa”. De otro modo, a su juicio, se correría un “riesgo de conflicto de intereses en la compañía, para el lucimiento de algunos directivos”, concluyó.