A través de un comunicado, la AJFV criticó que Gallardón opte por esta vía impositiva “para solucionar la carencia de jueces y obviar la existencia en algunos casos de leyes procesales ineficaces y obsoletas”.

Este colectivo de jueces criticó que el ministro no haya decidido modificar “leyes procesales ineficaces y obsoletas” o “ampliar la planta judicial” como forma de resolver los problemas del sistema judicial.

Según AJFV, Gallardón ha optado por “expulsar del proceso civil, contencioso-administrativo y social a una gran parte de la población española, al ciudadano medio”, en referencia a que esta parte de la población tendrá difícil afrontar las nuevas tasas judiciales.

A juicio de este colectivo, “nada más simple que imponer unas tasas disuasorias, de modo que acudir a los tribunales sólo pueda estar al alcance de algunos”.