En un comunicado, este colectivo le recuerda a Rajoy sus palabras ante ese foro de que la seguridad jurídica "ha de ser un valor compartido y respetado", ya que es el "nutriente" de la inversión, que genera a su vez "crecimiento y empleo".

Por ello, Anpier reclama que se “restituya” la seguridad jurídica en el sector español de las energías renovables, que a su juicio fue “quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, y que han colocado fuera del umbral de rentabilidad a más de 55.000 familias españolas, al recortarles en un 30% la remuneración pactada por la producción de energía renovable”.

Recuerda que fondos de inversión internacionales han llevado a España a los tribunales internacionales de arbitraje por los cambios normativos y reclaman indemnizaciones ante esta “anómala situación”.