La responsable de Amnistía Internacional en Madrid, Safira Cantos, acusó al Ayuntamiento de desconocer las normas de derecho internacional en el que los “desalojos forzosos han de ser, en todo caso, el último recurso”.

“La Alcaldía está además negando el realojo a gran parte de la población, por el hecho de que no constan en un censo que data, según la propia alcaldía, de 1990”, apuntó Cantos.

Agregó que hasta el momento el Ayuntamiento ha ofrecido una solución urgente, “de carácter temporal”, a través de SAMUR Social.

Un total de 300 personas y 70 menores, los cuales asisten a la escuela, se enfrentan a la llegada del invierno viviendo entre escombros y hacinados en las pocas viviendas que quedan en pie; y en vehículos como consecuencia de los desalojos.

De acuerdo al organismo, el 3 de septiembre del presente año se reunieron con Ana Botella, alcaldesa de Madrid, quien expresó su compromiso de estudiar la situación. Sin embargo, el “Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida eficaz para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos”.

Alertó, además, sobre otros derribos de viviendas en los últimos días en El Gallinero y Cañada Real.

De su lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación porque se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales; y recomendó al Estado español implementar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de proceder a un desalojo.

Las 75.000 firmas fueron recogidas por Amnistía Internacional a través de su centro de activismo ‘on-line’: ‘www.actuaconamnistia.org’.