En un comunicado, destacó que, además, la financiación de este personal elegido por la Conferencia Episcopal “no ha sufrido merma alguna”, en un momento en que los recortes presupuestarios afectan “gravemente a la escuela pública”.

“En España, “los obispos seleccionan y nombran a las personas que imparten religión católica y, sin embargo, es el Estado quien paga su nómina y seguros sociales”, señaló. “Lo mismo sucede con el resto de confesiones que tienen convenios con el Estado”, agregó Europa Laica.

A pesar de que los fondos públicos para el mantenimiento de este personal religioso no han disminuido, prosiguió, sí lo ha hecho el número de estudiantes que se matriculan en religión.

Europa Laica criticó finalmente que “la escuela de titularidad pública se ha convertido en cierta manera en un lugar de adoctrinamiento religioso, donde se acomodan materias, horarios, proyecto educativo y actividades de todo tipo en función de la asignatura de religión”.

TRATO PRIVILEGIADO

Según Europa Laica, “quienes imparten religión asumen en los centros tareas curriculares que no les corresponden de acuerdo con la legislación vigente, al suplir bajas de docentes e incluso impartir otras asignaturas para completar el horario en el mismo centro”.

También advirtió de que “nos encontramos en la antesala de un nuevo marco legal en el que estas personas podrán ser nombradas directores de los centros públicos”, a juzgar por “la propuesta de reforma educativa que el Ministerio de Educación ha presentado”.

En su opinión, “tanto las administraciones educativas como algunos sindicatos de la enseñanza consienten que se otorgue un estatus laboral y un trato privilegiado a unas personas que no han superado unas oposiciones a diferencia del resto del personal docente, al mantenerles su plaza fija año tras año y al abonarles la nómina los meses del verano (lo que no ocurre con el profesorado interino)”.

“Esto implica un trato de privilegio y es contrario a los principios de mérito e igualdad de opòrtunidades que deben regir el acceso al empleo público”, concluyó Europa Laica.