Entre las medidas propuestas, el comité plantea modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota del 2% de reserva de empleo a personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores.

Según el Cermi, esta infracción se califica actualmente como falta grave, lo que ocasiona que muchas empresas no se vean realmente obligadas a cumplir con la normativa, ya que "el importe de la sanción es mucho menor que los costes que le puede suponer efectuar las contrataciones laborales o, sobre todo, cumplir con las medidas alternativas".

En este sentido, apuesta también por reforzar las sanciones por no cumplir con la cuota de empleo del 2% en lo referido a la contratación pública. "La Administración no debe tener contrato alguno con quien infrige la regulación legal vigente", ha afirmado.

Asimismo, considera importante excluir del acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas imcumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

A este respesto, el Cermi aduce que, en ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y califica como muy graves o graves las conductas empresariales discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad.

"Sería una burla a las leyes que sujetos y personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía adminitrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como premio a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes", ha asegurado.