Junto con estas disposiciones, la Junta recurrirá también el artículo 8, que altera el marco competencial al fijar unilateralmente el régimen de vacaciones y permisos de los empleados públicos en todas las comunidades autónomas.

Respecto al sector comercial, el Ejecutivo andaluz impugnará el artículo 27, que modifica diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación.

Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.

Similar invasión competencial supone el artículo 28 de la norma estatal. Este precepto será recurrido por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial y que, en cualquier caso, sólo corresponderían a la comunidad autónoma.

En su acuerdo de autorización, el Gobierno andaluz recuerda que el propio Constitucional ha establecido límites teóricos a la competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía. Así, en sus sentencias 186/1988 y 133/1997, el alto tribunal subraya que esta atribución no puede incluir “cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general”, pues “se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico”.

Además de la invasión de competencias, la Junta también advierte de la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española por el uso abusivo, arbitrario e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Carta Magna exige la concurrencia de “extraordinaria y urgente necesidad” y de una conexión justificada entre la situación de urgencia y las medidas concretas que se adoptan.

A juicio del Gobierno andaluz, ni la nueva regulación de los horarios comerciales contenida en el artículo 27 del Real Decreto-Ley 20/2012 ni la referida a las rebajas y la ordenación del comercio minoris-ta, recogida en el artículo 28, reúnen estos requisitos constitucionales.