Esta misma ley ya recibió el respaldo del Congreso para su tramitación al final de la pasada legislatura, pero finalmente no siguió su curso por la convocatoria de la elecciones generales. En aquella ocasión, el PP se abstuvo, pero ahora ha variado su posición y se ha decantado por el voto en contra, coincidiendo con UPyD.

El diputado del PP Ramón Moreno adujo que la nueva norma conllevaría “destinar una gran cantidad de recursos” en un momento de crisis, que habría que repercutir en la Administración central, los operadores y los usuarios. Además, los populares alegan que la ley es incompatible con la actual “escasez de espectro radioeléctrico”, derivada de la reordenación de canales por el denominado ‘dividendo digital’.

Para Irene Lozano, de UPyD, la ley persigue “una colonización ideológica” a través de la televisión por parte de algunos Ejecutivos autonómicos, que estaría avalada por “la financiación del Estado”.

Por contra, desde el PSOE, Joaquín Francisco Puig manifestó que el impedimento a que las cadenas autonómicas se vean en regiones colindantes con la misma lengua es “contrario al sentido común”. “No podemos entender cómo se puede ver aquí Al Jazeera (canal árabe de noticias) y no se pueda ver la televisión de una comunidad vecina”, indicó.

Al representante del PSOE le reprocharon los grupos minoritarios que si lo que pide la ILP no es hoy una realidad es porque la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega bloqueó su tramitación en la pasada legislatura.

La ILP fue promovida hace tres años por la plataforma Acciò Cultural del País Valencià (ACPV) para que la cadena catalana TV3 pudiera verse sin trabas administrativas en la Comunidad Valenciana. Posteriormente se sumaron colectivos navarros que pedían ver el canal vasco ETB en su territorio.