Pilar Collado ha destacado que este nuevo modelo de financiación “no supone en ningún caso una reducción de la asignación presupuestaria dedicada a la financiación de los centros, sino una redistribución de los recursos económicos entre los centros más justa y equitativa”.

La directora general ha explicado que se trata de un modelo en el que el usuario “es el centro del sistema”, y de unos criterios más objetivos “ya que se tendrán en cuenta principalmente el número de usuarios, su grado de dependencia y sus necesidades de apoyo y de cuidados profesionales, alineándose por lo tanto con la Ley de Dependencia”.

Hasta ahora, la financiación por parte de la Generalitat era negociada con cada entidad atendiendo al número de personal contratado y al número de usuarios atendidos en sus centros. Este criterio ha provocado que, en algunos casos, centros con menos usuarios aunque con más necesidades puesto que su grado de dependencia era mayor, recibieran menos financiación que otros centros con más usuarios pero con menor grado de dependencia y por tanto con menos necesidades de apoyo.

Para el diseño del nuevo modelo de financiación, se ha tenido en cuenta la experiencia en la gestión de los centros propios de la Consejería de Justicia y Bienestar Social y del Instituto Valenciano de Ayudas a las Personas con Discapacidad, y de la colaboración con centros gestionados por entidades privadas con financiación pública, y en los criterios de los técnicos sectoriales consultados.

Actualmente, la Comunidad Valenciana dispone de 377 centros de diferentes tipologías, 290 para personas con discapacidad y 87 para personas con enfermedad mental crónica, sumando un total de 13.508 plazas. De todas estas plazas, Justicia y Bienestar Social financia el 80% (10.779 plazas) con un presupuesto de 132.789.975 euros.