Este fue uno de los principales acuerdos adoptados hoy en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que presidió la ministra Ana Mato, y en la que participaron los responsables de dicha materia del ministerio y las autonomías.

En nota de prensa, Sanidad admitió que “la tarea no ha resultado sencilla”, dada la gran diversidad de legislación autonómica sobre asuntos sociales y las diferencias entre organismos responsables en cada región.

Sin embargo, gracias a la colaboración de todos los inmplicados se logró una redacción final del borrador del catálogo, que será presentado al tercer sector, informó el ministerio.

Este texto enumera todos los servicios sociales que ofrecen las distintas administraciones españolas y distingue entre prestaciones básicas y complementarias. Las primeras son preceptos recogidos en leyes estatales, que hacen referencia a servicios básicos o se ofertan de forma generalizada en todo el Estado.

Las complementarias en cambio están amparadas por la legislación autonómica y se refieren a servicios más especializados y técnicos, dirigidos a determinados sectores de población.

Además, el catálogo diferencia entre prestaciones económicas (rentas mínimas, ayudas de emergencia, ayudas a víctimas de violencia de género o personas en situación de dependencia) y cobertura de servicios.

Dentro de este último apartado figuran los de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico (atención primaria y especializada); servicios de valoración (dependencia, discapacidad e inmigración); de atención telefónica (a menores, mujeres víctimas de violencia de género, atención en domicilio…); intervención y apoyo a la familia; protección de menores; atención residencial; apoyo psicosocial; prevención e inclusión social, y protección jurídica.

MÁS DE 47 MILLONES EN ATENCIÓN BÁSICA

Durante este encuentro también se dio luz verde a una transferencia de 47.300.000 euros a las corporaciones locales, a fin de garantizar la prestación de servicios de atención primaria.

Estos fondos corresponden al Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de los entes locales, y han sufrido una reducción del 45,4% respecto al año pasado.

Con todo, desde el ministerio afirman que esta aportación permitirá el mantenimiento de servicios esenciales como comedores sociales, residencias de estancia diurna, pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.

Andalucía es la comunidad que más dinero recibirá, con 9.272.263,48 euros, lo que representa un 19,69% de la transferencia total.

Le siguen Cataluña (6.697.445,71 euros y un porcentaje del 14,22%), Madrid (5.413.333,05 y 11,49%) y la Comunidad Valenciana (4.686.752,23 euros y un 9,95% del total).

Finalmente, en esta Conferencia Sectorial Navarra fue designada como sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2013, y se dio el visto bueno a la Estrategia Nacional para la Inclusión del Pueblo Gitano 2012-2020.