Esta es la versión que ha venido manteniendo el excomisario para justificar los trabajos realizados para empresas y particulares usando, presuntamente, medios de la Policía y enriqueciéndose de manera ilícita.

Aunque no estaba previsto que comenzara a declarar este lunes, la ausencia de siete de los acusados que le precedían en el listado que tenía el tribunal ha hecho que Villarejo se haya sentado en el banquillo para responder al fiscal. Varios de esos acusados están enfermos de covid o en cuarentena por contracto con contagiados y otros, sencillamente, no estaban en la sala porque no contaban con que les tocara declarar hoy.

Villarejo hizo gala de la actitud desafiante que ha venido manteniendo desde el comienzo de la vista y protagonizó nuevos encontronazos con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que le mandó callar en varias ocasiones y le llamó la atención cuando hacía valoraciones sobre las preguntas del fiscal. Le llegó a ordenar que no se dirigiera al representante del Ministerio Público por su nombre, sino por su cargo. Villarejo protestó: “El señor fiscal a mí me llama por mi nombre”. Murillo le cortó tajante: “´Él aquí es una institución, usted es un acusado”.

Durante su declaración, Villarejo sostuvo que su modo de actuar siempre contó con el respaldo del Ministerio del Interior a lo largo de los años y bajo gobiernos de diferente signo. Preguntado por el fiscal Miguel Serrano, aseguró que entre 2012 y 2014 realizó trabajos para un despacho de abogados que quería actuar contra un grupo de extrabajadores que abandonaron el bufete y se establecieron por su cuenta llevándose información y varios clientes.

En esos años era policía en activo y, como tal, cobraba una nómina del Estado que, sin embargo, avalaba el funcionamiento de sus empresas para encubrir sus tareas como agente de inteligencia, dijo.

Ese régimen fue refrendado tanto por el Gobierno de Felipe González en 1995, según dijo, como en el informe de compatibilidad de actividades policiales y privadas que elaboraron sus superiores por encargó del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Llegó a apuntar que ese informe habría sido ordenado directamente por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Según su versión, cobraba una nómina como policía “porque me obligaban” a mantener la apariencia de policía en activo, mientras que se le autorizaba a funcionar con un entramado de empresas cuyo funcionamiento estaba al servicio del Estado y de cuyas decisiones últimas se hizo completamente responsable.

Explicó que ya en 1995 comenzaron a chirriar sus dos mundos y en ese momento redactó un documento en el que reflejaba el “pacto” que le permitía actuar y que suponía su vuelta al servicio activo como agente de Inteligencia bajo la tapadera de sus empresas. Aseguró que "jamás” le contestaron y el gobierno de entones zanjó al asunto con un sucinto: “Te has vuelto loco", al pedir una autorización escrita de esas actividades.

Años más tarde, entre 2015 y 2016 se elaboró un expediente de compatibilidad de recogía la autorización para que Villarejo compaginara sus servicios privados con sus tareas policiales. Insistió en que no fue él quien lo solicitó puesto que, “convencido de que estaba trabajando para mi país” en labores de inteligencia, le pareció una “incongruencia” pedir un documento que así lo expusiera. Y aventuró que la orden de hacerlo seguramente partió del presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, “que estaría empezando a preocuparse", por las informaciones que iban apareciendo en prensa.

Pese a no pedirlo, dijo que colaboró en la elaboración del informe y para ello se reunió con el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para darles los datos necesarios.

El comisario jubilado insistió en que las operaciones de inteligencia son normalmente secretas y, por tanto, no suele haber informes escrito, y dijo que no cree que exista “autorización por escrito para financiar a terroristas y que liberen secuestrados, y se ha hecho".

Villarejo insistió machaconamente durante el interrogatorio en que se le está privando de su derecho a la defensa al no haberle facilitado copia de las agendas y cuadernos de notas que le fueron incautadas en varios registros y reclamó en múltiples ocasiones al fiscal que le facilite esa documentación para poder responder sus preguntas.

Lo que sí negó es haber sido el autor de todas las grabaciones que se le incautaron en el momento de ser detenido en 2017. Según su versión, esas grabaciones fueron realizadas por el CNI, organismo que “monitorizaba” toda su vida desde el año 2000.