Con la modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.

En la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación del mismo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría destacó que “es una reforma estructural que se engarza en las grandes líneas de actuación del Gobierno". "Servirá para mejorar la competitividad en un sector clave, simplificar la burocracia e incrementar la transparencia y profesionalidad”, añadió.

Además, se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva Ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o Comunidades Autónomas) a través de Internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros.

Igualmente, para ahorrar gastos en procesos judiciales y anticipar en el tiempo la resolución de los conflictos se aumenta de seis mil a doce mil euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos.

También se armoniza la clasificación de las infracciones de transporte por carretera (en leves, graves y muy graves) previstas en una Directiva comunitaria.

Se incrementa, asimismo, la lucha contra el intrusismo en el sector, reforzando el principio de que sólo quien tenga autorización de transporte puede contratar y facturar en su nombre.

Por último, la nueva Ley obliga a la inscripción de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros en el registro, con lo que se aumenta la transparencia del mercado para los viajeros o usuarios de las líneas regulares de autobuses, ya que podrán informarse vía internet en todo momento sobre las condiciones (paradas, horarios, etcétera) y tarifas del servicio regular que van a utilizar.