En dicho proyecto se incluye la reducción a la mitad del número de diputados en la Asamblea de Madrid, de 129 a 65, y la eliminación del “plus” que cobran los vicenconsejeros con escaño.

Aguirre explicó que adopta estas medidas en relación al sueldo y la jornada laboral de los trabajadores públicos, y actualiza tasas y precios públicos de determinados servicios, para que sea sólo el usuario y no todos los ciudadanos el que contribuya a su mantenimiento.

Además, se eliminan subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, y se deja de financiar el alquiler de los locales sindicales.

NO HAY SUBIDA DE IMPUESTOS

Aguirre destacó que con estas iniciativas se mantiene fiel a sus principios de no subir impuestos, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y evitar despidos.

Este proyecto de ley, que modifica parcialmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, incluye una bajada de sueldo de los cargos políticos y personal de confianza en un 10%, y de los empleados públicos en un 3,3%. Asimismo, se rebajará un 10% la jornada y el sueldo de los interinos, excepto a los docentes y a los asistenciales.

Al tramitarse por vía de urgencia, está previsto que la nueva ley se apruebe a mediados del mes de julio en la Cámara regional.

El texto aprobado este jueves por el Gobierno regional contempla por vez primera medidas en materia retributiva que afectan a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Gobierno regional llevará a cabo una actualización de tasas y precios públicos y la implantación de otras nuevas, con el objetivo de cubrir una mayor cobertura sobre el precio real del servicio prestado.

Por ejemplo, se crea una tasa de 10 euros por emisión sucesiva de la Tarjeta Sanitaria Individual en caso de rotura o extravío, de la que quedan exentos los perceptores de Renta de Inserción.

Otra tasa de nueva creación es por estancia de los mayores en centros de día, que tendrán que aportar de media en torno a un 30% de su pensión.

Entre los precios públicos que se actualizan figura el de Educación Infantil (0-3 años), casas de niños y centros de enseñanza de régimen especial, cuya tasa de cobertura media en la actualidad, es decir, lo que costean los usuarios, es de 32 euros.

COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Entre las iniciativas de mayor calado está la creación de una Junta Central de Compras de productos sanitarios para establecer un catálogo único de productos –material de curas, quirófano y fungible o material laboratorio y reactivos- para ahorrar a la hora de comprar los materiales.

Además, en cumplimiento con lo fijado por el Estado a las comunidades, la vacuna del neumococo y los tratamientos contra el tabaquismo dejarán de estar financiados por la Administración pública.

En el caso de las operaciones de cambio de sexo, se mantienen dentro de la cartera, pero deberán acreditar una residencia mínima de dos años en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a educación, se reduce la subvención de becas de comedor y ayuda de libros.

En área de empleo, al desaparecer la transferencia que el Estado realizaba para cursos de formación para el empleo por un importe de 213 millones de euros, se elimina esta partida.

Asimismo, la matrícula universitaria, tanto en grado como en máster, experimenta una subida por aplicación de la normativa básica estatal impulsada por el Gobierno de España, que incrementa los precios públicos. Por segundas y sucesivas matrículas, el precio se incrementará gradualmente.

Además, el Gobierno regional propone la implantación de un peaje en autovías regionales, cuya explotación se sacará a concurso de concesión.

El concesionario instalará el sistema de cobro y entregará a la Comunidad la recaudación, quedándose con un porcentaje que se acuerde.

La intención es acelerar el proceso lo máximo posible para lograr que el sistema esté instalado a principios del año que viene.

Respecto a Justicia, se minora un 20% la aportación al turno de oficio en la prestación de asistencia jurídica gratuita, pese a lo cual, según el Gobierno regional, la Comunidad de Madrid sigue superando en un 40% la aportación que realiza directamente el Estado a los profesionales que prestan este servicio en aquellas comunidades autónomas que no tienen competencias judiciales.

En asuntos sociales, se mantiene la gratuidad de la prestación de discapacidad únicamente para rentas mínimas de inserción.