El tribunal admitió la petición de la Fiscalía de comenzar por las declaraciones de los acusados con los que ha logrado llegar a un acuerdo y están dispuestos a reconocer los hechos. Hasta que todos ellos declaren no se interrogará a Villarejo, para el que la Fiscalía pide 109 años de prisión por espiar a políticos, jueces, empresarios o abogados valiéndose de su condición de policía y facturando a través de su empresa, Cenyt.

Desde el inicio del juicio, Villarejo ha tratado de convencer al tribunal de que sus actividades empresariales contaban con autorización de altas instancias del Estado y que eran una simple tapadera para realizar misiones de inteligencia para la Policía o para el CNI.

La Fiscalía ha llegado a admitir a lo largo de la vista que Villarejo podría haber realizado los trabajos que esgrime como agente de inteligencia, pero sostiene que el comisario jubilado aprovechó esas tareas para enriquecerse de manera ilícita.

Lo que decida el tribunal en este punto será decisivo para el resto de las piezas de las que se compone esta macrocausa porque dejará sentado si Villarejo contaba con autorización oficial para ciertos trabajos o si campaba a su aire y decidirá también sobre la validez de los audios y las agendas incautadas al excomisario en los registros.

La admisión de estas pruebas preocupa a los contratantes de sus servicios y prueba de ello, es el empeño que han puesto en que sean invalidadas con el argumento de que se incautaron como fruto de una investigación prospectiva y de que la Policía no garantizó la cadena de custodia del material que, a su juicio, pudo ser manipulado.

En las últimas sesiones del juicio antes de las vacaciones navideñas, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) Enrique García Castaño aseguró ante el tribunal Villarejo es "un monstruo creado por los políticos", y afirmó que tenía autorización para actuar con una estructura empresarial propia que le servía como "tapadera" para las misiones que realizaba tanto para la Policía como para el CNI.

García Castaño, conocido como ‘el Gordo’, es uno de los principales acusado en el juicio y aseguró haber tenido “cuatro Vilarejos” en su unidad, es decir, "cuatro policías que estaban en activo y tenían su empresa y sus negocios y facturaban con ellos porque eran su tapadera y estaba perfectamente autorizado".

El exjefe de la UCAO no ha llegado a acuerdo alguno con los fiscales, que piden para él 87 años de prisión por el “consorcio criminal” que mantenía con Villarejo. Para apuntalar su tesis aseguró que viór cómo "directores de la Policía, directores adjuntos operativos de la Policía y a secretarios de Estado daban instrucciones" a Villarejo para hacer investigaciones privadas utilizando sus empresas.

Hasta el momento esta es la declaración más consistente a favor de la versión de Villarejo. Otros acusados ya han declarado ante el tribunal y admitido los hechos con la esperanza de que el ministerio público les aplique una rebaja de pena a final del juicio que impida su entrada en prisión.