El magistrado ha ordenado el desbloqueo de la cuenta después de recibir esta semana un informe en el que la Agencia Tributaria avala la legalidad de los fondos, más de 400.000 euros, depositados en ella, según informaron fuentes jurídicas. La decisión ha contado con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, quien esta misma mañana ha informado a favor del levantamiento del bloqueo, sin perjuicio de que se amplíe posteriormente la investigación sobre el origen del dinero de la cuenta.

Gracias a esta decisión, el presunto cabecilla de la trama de corrupción podrá hacer frente a la fianza de 200.000 euros que le fue impuesta tras sucesivas rebajas. Una vez obtenga el dinero, podrá depositarlo en la cuenta del juzgado y abandonar la madrileña cárcel de Soto del Real en las próximas horas. Si el abono se produce a lo largo del fin de semana, el juez de guardia en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, podría encargarse de decretar la excarcelación.

Los más de 400.000 euros de la cuenta de la madre de Correa, supuestamente procedentes de la venta de una vivienda, fueron bloqueados a lo largo de la investigación, al igual que lo fueron la totalidad de los activos del presunto “cerebro” de la “Gürtel”. De forma complementaría, se le impuso una fianza pecuniaria de 85 millones de euros para que haga frente a las responsabilidades civiles si es condenado.

La representación de Correa había pedido en numerosas ocasiones al anterior instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, el desbloque de esta cuenta. Finalmente fue el juez Ruz, que se hizo cargo de la causa en diciembre pasado, el que decidió pedir a la Agencia Tributaria que investigase el origen del dinero.

Ha sido el propio Ruz el que ha ido rebajando progresivamente la fianza impuesta a Correa, que en un principio se fijó en un millón de euros. De esta forma, la fianza pasó a 600.000 euros en marzo pasado para quedar finalmente fijada en 200.000 euros el 18 de mayo.

Correa lleva ya más de tres años en prisión, desde febrero de 2009, cuando el entonces instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, ordenó su encarcelación ante la gravedad de los delitos que se le imputaban. Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación y ha sido expulsado de la carrera por ordenar grabar precisamente las conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados Correa y su presunto “número dos”, Pablo Crespo.