Este dato supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al dato de 2019 y la primera subida en la serie histórica, que comenzó a recopilar cifras en 2017. Desde la cartera dirigida por Teresa Ribera explicaron esta evolución en “el impacto negativo que la pandemia de la covid-19 ha tenido en el ámbito de la pobreza energética”.

“El confinamiento decretado en marzo de 2020 y, como consecuencia de lo anterior, la reducción en toda la actividad económica, ha afectado indiscutiblemente a este colectivo integrado por personas en situación de vulnerabilidad que sufren pobreza energética, al verse agravada su situación por la imposibilidad de buscar o mantener su trabajo”, reza el informe de actualización de estos indicadores.

En este sentido, el Ministerio apunta que la disminución de las rentas disponibles ha provocado que las necesidades energéticas hayan sido cubiertas a costa de un mayor esfuerzo por parte de las familias afectadas, “que han necesitado destinar una mayor proporción de sus ingresos a la cobertura de sus consumos energético”.

Como consecuencia de esta realidad, el porcentaje de población que ha tenido que desarrollar su vida con una temperatura “inadecuada” en su vivienda durante el invierno de 2020 se ha elevado al 10,9%, tres puntos y siete décimas más que en 2019.

La evolución del porcentaje de hogares que dedica un gasto “desproporcionado” a pagar suministros energéticos también se incrementó en 2020. En concreto, este indicador alcanzó el 16,8%, una décima más que en el ejercicio precedente.

En este contexto, el único indicador que experimenta una mejoría es el de la pobreza energética escondida, que se reduce del 10,6% al 10,3%.